Los actores y protagonistas de la exitosa serie de televisión española Cuéntame cómo pasó se enfrentan a largas penas de prisión a petición de la Fiscalía de Corrupción. Incluyen 32 años para Ana Duato y 27 años para Imanol Arias por varios delitos fiscales cometidos a través de sociedades instrumentales creadas por Nummaria.
La operación, que lleva el nombre del bufete investigado, prevé 300 años de prisión para el jefe del bufete, el abogado Fernando Peña, por dirigir lo que consideraban una organización criminal. En total, hay 29 acusados, además de los actores, entre los que se encuentra el marido de Duato, Miguel Ángel Bernardeu, productor de Cuéntame, por el que piden 18 años de prisión.
Acusado de varios delitos
El pasado mes de junio, la Audiencia Nacional propuso juzgar a 31 personas en el llamado caso Nummaria, llamado así por el bufete de abogados que se dedicaría a construir y mantener una estructura jurídica y económica que permitiera a sus clientes evadir impuestos y defraudar el tesoro público de millones de dólares.
Se les imputan delitos contra el tesoro público, insolvencia o frustración punible de la ejecución, fraude procesal, falsificación de documentos y organización criminal. Arias está acusado de un delito contra el tesoro público y Duato también está acusada de un delito de falsificación. En total, se acusa a la actriz de siete delitos fiscales, mientras que al actor le atribuyen seis, al no considerar delictiva su declaración del año 2009.
La petición se considera excesiva
Como se afirma en el acta de acusación, «una gran parte de los clientes de Nummaria utilizaron estructuras empresariales opacas diseñadas por la empresa para evitar la fiscalidad que se hubiera debido pagar en España para obtener ingresos de todo tipo de empresas ubicadas en nuestro país».
Imanol Arias ya ha pagado más de dos millones de euros al Tesoro al inicio del procedimiento, y Ana Duato ha devuelto unos 800.000 euros, por lo que han considerado la petición «excesiva» por tantos años. También señalan que, en general, cuando un demandado devuelve el dinero, la demanda se reduce a dos años. Sin embargo, los abogados piden cuatro años por cada delito fiscal, con un máximo de cinco años.