¿Drones para la paz?

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Un UAV de combate de la Fuerza Aerea de los Estados Unidos. Fuente: U.S. Air Force/ Paul Ridgeway.

Por  Mabel González Bustelo*.

El uso de vehículos aéreos no tripulados (drones) para realizar asesinatos selectivos en lugares como Afganistán, Pakistán, Somalia o Yemen es uno de los aspectos más controvertidos de la ‘guerra contra el terror’. Mediante estos ataques a distancia se eliminan operativos y mandos de Al Qaeda, pero también se causan numerosas bajas inocentes. Las dudas sobre la eficacia de esta tecnología se suman a otras sobre en qué condiciones es legal su uso de acuerdo al derecho internacional. Los drones, en todo caso, parecen haber llegado para quedarse.

El uso de drones -que no en todos los casos están equipados con armas- se está extendiendo a medida que la tecnología se desarrolla. Por ejemplo, se están usando para monitorear rutas del tráfico de drogas en México, Centroamérica y el Caribe, y comienzan a utilizarse en otros ámbitos. Dos de ellos tienen especial relevancia en situaciones de conflicto y posconflicto: el posible uso de drones para tareas y misiones de mantenimiento de la paz y en operaciones humanitarias.

El enviado de la ONU en Costa del Marfil, Youssoufou Bamba, ha reclamado a esta organización que considere la posibilidad de desplegar drones no armados como parte de la misión internacional en este país. Se trataría de compensar la reducción de efectivos que se producirá a partir del próximo día 31, a las que seguirán otras en 2015. La rehabilitación posconflicto avanza a buen ritmo pero quedan retos pendientes: reducir la inestabilidad en el oeste del país; lograr un efectivo desarme y la reintegración de ex combatientes; controlar eficazmente la zona selvática fronteriza con Liberia (que reúne condiciones para convertirse en refugio de actores armados)… Los drones, si se aprueba la petición, serían utilizados en tareas de vigilancia e información.

Esto puede resultar extraño cuando se identifica a los drones únicamente como vehículos de ataque, pero lo cierto es que existen precedentes. Así, en enero de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó su despliegue en el marco de la MONUSCO, la misión en la República Democrática del Congo (RDC), que cuenta con 17.000 efectivos. Ya incluso antes, contingentes de tropas bajo bandera de la ONU habían contado con ellos en la RDC, Chad, la República Centroafricana y Haití. Pero la nueva autorización (si finalmente se produce) sería un punto de inflexión, ya que el despliegue se produce junto con una brigada de intervención y con un nuevo mandato que autoriza a adoptar “todas las medidas necesarias” para “neutralizar y desarmar” a grupos que sean una amenaza “para la seguridad de los civiles y la autoridad estatal”.

Los drones se utilizarán para recabar información sobre posibles movimientos o despliegues de tropas o milicias y desplazamientos de población civil, así como para monitorear operaciones de transporte interno o transfronterizo de armas y otros recursos. El objetivo es la protección de convoyes y rutas y fortalecer el mandato de la misión sobre protección de civiles. Los drones permitirían disponer de información sobre posibles amenazas prácticamente en tiempo real. Estos aparatos pueden volar de forma autónoma y recabar información en áreas de difícil acceso o con altos grados de inseguridad. Su potencial para detectar posibles amenazas es muy alto.

Sin embargo, hay dos aspectos importantes que todavía no están totalmente resueltos. Por un lado, la información “en bruto” debe ser sometida a análisis, procesamiento y almacenamiento, para lo que hacen falta capacidades especializadas. La ONU estaría pensando en la contratación de empresas privadas mediante sistemas de concurso para cubrir esta necesidad. Por otra parte, hay que definir la gestión de la información en el medio y largo plazo, cómo se abordarán las cuestiones relacionadas con la soberanía estatal y la privacidad y cómo se garantizará que el uso de la información sea el previsto y no otro (por ejemplo, para tareas de inteligencia).

En términos operacionales, y en relación con el éxito de la misión, hay asimismo un aspecto clave a considerar. La protección de civiles requiere no sólo información actualizada sobre la situación de poblaciones en peligro, sino actuar en consecuencia una vez que se dispone de la información. En último extremo, esto es una cuestión de voluntad política (que no siempre ha estado presente en el pasado). Si las tropas de la ONU utilizan drones y generan expectativas entre la población civil, en el sentido de que serán realmente protegidos, ¿cuál será el precio de no actuar en caso de peligro? Algunas misiones de la ONU ya han recibido críticas por no disponer del mandato adecuado para proteger a los civiles, o por no aplicarlo. ¿Puede suponer esto un descrédito aún mayor?

Los drones son sólo el resultado de una tecnología cuya evaluación positiva o negativa debe depender de para qué y cómo se utilicen. Es importante recordar esto en un debate tan “contaminado” por su uso más polémico. En el caso de las operaciones de paz su potencial es importante, pero también presentan riesgos y retos, por ejemplo, para los responsables de la misión. Si la información está disponible el abanico de opciones estratégicas se abre: en el caso de un ataque inminente sobre civiles y con la información disponible en tiempo real, ¿quién será responsable si no se actúa y quién dará la cara para explicarlo?

También la comunidad humanitaria se está viendo afectada por los drones y sus implicaciones, en varios sentidos. Las organizaciones humanitarias que trabajan en áreas afectadas por los ataques estadounidenses ven cómo se debilita su percepción de neutralidad de cara a los actores y poblaciones locales, y cómo aumentan las sospechas de que puedan estar recabando información de inteligencia. Con todo ello se compromete su seguridad y el acceso a poblaciones vulnerables.

Otra vertiente de este debate es su posible uso en operaciones. El ex embajador de EE UU para asuntos de VIH y salud global, Jack C. Chow, ha expresado una visión extendida entre algunos actores al afirmar que su uso tendrá grandes ventajas a medida que la tecnología mejore y el coste baje (“Predators for Peace”, Foreign Policy, abril de 2012). Él mismo y otros han reclamado que se deje de lado el “estigma” y se plantean el uso de drones para llevar ayuda de emergencia a poblaciones aisladas o en peligro, o como herramienta para conectar actores dispersos (como equipos médicos trabajando núcleos rurales aislados y remotos). Desde esta perspectiva, los drones permitirían aumentar el rango y eficacia de las operaciones, sin poner en peligro la seguridad del personal.

En todo caso, los drones están sujetos a las mismas reglas que cualquier otro medio de transporte, y esto implica que el acceso al territorio de un país para proporcionar ayuda y/o protección debe respetar el DIH y las normas del derecho internacional. Entrar en el espacio aéreo de otro país sigue precisando el consentimiento de éste, por lo que no solucionarán el problema del acceso cuando es el Estado el que lo deniega. En términos operacionales, proporcionar ayuda con medios aéreos (airdrop) es considerado por los actores humanitarios una opción de último recurso y sólo para casos extremos. Incluso en estas circunstancias no está claro que los drones supongan una ventaja, ya que los medios disponibles actualmente son más rápidos y baratos, y tienen mayor autonomía y capacidad de carga. ¿Serán finalmente incorporados como parte de las herramientas de la ayuda humanitaria?

Los drones y su desarrollo tecnológico están llamados a seguir generando debates en muchos aspectos de las relaciones internacionales. Las preguntas que se abren son numerosas. La información recabada por drones en misiones de paz, ¿se podrá utilizar para sustentar acusaciones de crímenes de guerra o contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional? ¿Qué implicaciones, a su vez, podría tener esta posibilidad para futuras operaciones, humanitarias o de mantenimiento de la paz? ¿A quién se pedirá responsabilidad por la muerte de civiles si no se ejerce la protección? Y en último extremo, ¿puede la tecnología sustituir a la voluntad política?

Estos debates, por supuesto, se suman a otros más conocidos; entre ellos: ¿En qué condiciones es legal el uso de drones de acuerdo al DIH? ¿Qué blancos serían legítimos y en qué circunstancias, y qué impacto tiene su uso en las relaciones con las autoridades locales? EE.UU. ha sido el primero en desarrollarlos y utilizarlos con fines bélicos y sus defensores argumentan la “limpieza” y sus ventajas para ahorrar bajas propias en combate. Pero pronto serán más baratos y accesibles. ¿Qué pasará cuando otros países dispongan de ellos y decidan utilizarlos, o cuando sean grupos armados no estatales los que lo hagan?

Las preguntas son muchas, como con cualquier nueva tecnología, y las respuestas por el momento pocas. Pero los debates están en marcha y será necesario profundizar en ellos. Los ámbitos de la construcción de la paz y de la acción humanitaria tienen mucho que decir a este respecto.

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Artículo original publicado en IECAH, Instituto de Estudios sobe Conflictos y Acción Humanitaria. 


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