La militarización de la seguridad pública en El Salvador (III)

Por Walter Murcia*.

Un factor que ha alimentado la militarización de la seguridad pública en El Salvador ha sido el alineamiento con la estrategia que lidera Estados Unidos de “guerra contra las drogas”, enfoque que presiona por una respuesta militar, a pesar de que no ha dado resultado. Habida cuenta del poder del narco, las autoridades civiles se han visto sobrepasadas, pero hay que estar claro: el narco es un fenómeno complejo que se desarrolla a expensas de la complicidad de los Estados.

Sin embargo, los gobiernos de turno en El Salvador, en lugar de fortalecer las instituciones civiles como las labores de inteligencia e investigación criminal, han optado por la estrategia de interdicción y represión del consumo. Desde 2002 funciona una base de monitoreo aéreo, ubicada en el aeropuerto internacional de Comalapa, la cual es manejada por efectivos militares de Estados Unidos con el fin de combatir el narcotráfico en la región.

Fuente: Facebook Fuerza Armada de El Salvador.

Fuente: Facebook Fuerza Armada de El Salvador.

Por otro lado, la cooperación internacional que brinda Estados Unidos a El Salvador, canalizada a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI), de la familia del Plan Colombia y Mérida, incluye programas de aplicación de la ley, anticorrupción y desarrollo comunitario y juvenil, pero que dedica la mayor parte de sus fondos, los cuales son insuficientes, para apoyar a las fuerzas de seguridad y defensa para hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado, a través de adiestramiento y equipamiento. “Los programas antidrogas son solamente uno de varios canales a través de los cuales la ayuda de Estados Unidos incentiva a los militares latinoamericanos a adoptar, o continuar desempeñando, nuevos roles internos”, sostienen desde la organización estadounidense WOLA. Asimismo, el Asocio para el Crecimiento, un programa firmado en 2011 entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador[3] que busca expandir el crecimiento económico, pero que se concentra en dar soluciones a las restricciones de ese crecimiento: la delincuencia y la inseguridad. Como ejemplo de dicha asistencia, en junio de 2012, Estados Unidos donó seis lanchas Zodiac para la Fuerza de Tarea Conjunta Cuscatlán, un esfuerzo conjunto de los Ministerios de Justicia y Seguridad, y Defensa, para el combate al narcotráfico. ¡Juguetes nuevos!

AFBFFAAES pesar que en Estados Unidos, a nivel doméstico, existe una clara separación entre los roles y misiones de las fuerzas armadas y las instituciones policiales, logrado por la Ley Posse Comitatus de 1878. En el informe Predica lo que practicas (p.15), WOLA afirma que es “lamentable y alarmante que Washington haya impulsado el camino opuesto en América Latina, los programas de ayuda de Estados Unidos han incentivado a los militares del hemisferio oeste a asumir roles internos que serían inadecuados o incluso ilegales, en los Estados Unidos”. De acuerdo con Craig A. Deare, la contribución estadounidense a la militarización de la región no es intencional: es paradójicamente, resultado de su ausencia civil y de una presencia militar relativamente mayor.

Estos son algunos de los elementos que están empujando hacia una militarización de la seguridad pública en El Salvador. Por el momento, no se ven señales de que la ampliación de facultades que se les ha asignado en materia de orden interno cambien. Muchos informes han dado cuenta de que el problema de la inseguridad pasa por un abordaje integral y es en este sentido que se deben hacer los ajustes de política.

Vale destacar que la respuesta militar para enfrentar la inseguridad es limitada; no ha funcionado en ningún país donde ha sido aplicada. Las respuestas pasan por concretar las reformas pendientes, ya que mientras se siga optando por la militarización, además de desnaturalizar la función de la Fuerza Armada, se pospone la necesaria profesionalización de la Policía Nacional Civil. Estos temas se solucionan en un nivel jurídico, asignando tareas, misiones específicas y tiempos concretos del apoyo del ejército en seguridad.

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*Walter Murcia es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador (El Salvador) y candidato a Máster en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina).


[1] El Salvador es uno de los cuatro países seleccionados para participar en este programa, y único en el hemisferio occidental. Los otros países son Ghana, Tanzania y Filipinas. http://spanish.sansalvador.usembassy.gov/noticias/pfg.html


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