La militarización de la seguridad pública en El Salvador (II)

Por Walter Murcia*.

En El Salvador, diferentes han sido las justificaciones para una medida que ya no tiene nada de extraordinaria: debilidad de las policías, poco presupuesto para seguridad, efectividad y confianza de la población en la Fuerza Armada. En este país, de acuerdo al Barómetro de las Américas de 2010, a más del 40% de la población no le importaría un gobierno autoritario si solucionara los problemas de inseguridad. Pero las maras, el narco, son solo expresión de un círculo vicioso de subdesarrollo y debilidad estatal.

Aunque se le ha dado importancia al enfoque preventivo, en 2009 la Administración Funes ordenó el despliegue del ejército. Desde entonces, ha sido prorrogado anualmente y se aumentó el número de tropas en tareas de seguridad pública. El Decreto Ejecutivo N° 52, vigente hasta mayo de 2013, establece:

“Disponer de la Fuerza Armada, con el propósito de apoyar a la Policía Nacional Civil en operaciones de mantenimiento de la paz interna, por medio de la planificación y ejecución de operaciones preventivas conjuntas anti delincuenciales, por medio de patrullajes conjuntos de prevención, disuasión y aprehensión de delincuentes en todo el territorio nacional, poniendo mayor énfasis en el resguardo de la frontera nacional en lugares identificados como no habilitados, en el reforzamiento de la seguridad perimetral externa en las instalaciones de los centros penitenciarios (…)”.

En los últimos meses la tasa de homicidios ha disminuido considerablemente. La razón: un pacto entre las principales pandillas. Esta baja en homicidios ha dado la pauta para creer que están funcionando las políticas implementadas por el Ejecutivo, entre las que se incluye el uso de la Fuerza Armada. La famosa tregua, la cual se ha manejado como una novela, es una situación insostenible y pasajera si no se implantan políticas sociales agresivas, así como avances en reformas pendientes en los ámbitos de justicia, seguridad, defensa, educación, cultura, salud. En fin, no sólo concentrarse en los homicidios (como dato duro), sino en la búsqueda de un desarrollo humano integral para dar respuesta a la inseguridad.

Fuente: Facebook Fuerza Armada de El Salvador.

Fuente: Facebook Fuerza Armada de El Salvador.

Para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), con el actual gobierno se ha visto un incremento de la militarización de la seguridad pública, hasta llegar a límites nunca alcanzados en los gobiernos anteriores. En noviembre de 2011, el presidente nombró a un militar en situación de retiro, el general David Munguía Payés, hasta entonces Ministro de la Defensa, al frente del gabinete de Justicia y Seguridad Pública[1]. Posterior a esto, se nombró a otro militar como director de la Policía Nacional Civil, pero para el presidente Funes este tipo de nombramientos no contradicen la prohibición constitucional.

Diferentes sectores (incluyendo el FMLN, el partido que lo llevó al poder con el apoyo de una amplia alianza) consideran que la llegada de militares a puestos claves en seguridad pública va en contra del espíritu de los Acuerdos de Paz. Según Adriana Beltrán, de la organización estadounidense WOLA, este tipo de nombramientos “podría representar un cambio de enfoque hacia medidas que privilegian acciones represivas y una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en vez de impulsar la estrategia preventiva e integral que se requiere para afrontar la situación de inseguridad que vive el país, tal como había anunciado Mauricio Funes al inicio de su gobierno”.

Dentro de sus primeras acciones como Ministro de Seguridad, Munguía Payes propuso la creación de un “subsistema judicial” conformado por tribunales y fiscales especiales, paralelos a los que la Constitución y las leyes determinan, y se habló de imponer una política de seguridad pública como la que se ejecuta en las favelas del Brasil. En sus primeras declaraciones a la prensa, el militar en retiro se comprometió a bajar los índices de homicidios a un 30%.

Asimismo, lidera en el Gabinete de Seguridad una propuesta de ley para darle mayor libertad de acción al Ejército. En concordancia con esta posición, el Ministro de Defensa Benítez, en declaraciones a la prensa, mencionó que si el objetivo es bajar el número de asesinatos que está sufriendo a diario El Salvador, vale la pena darle mayor libertad de acción al Ejército, situación que no debe significar, según él, un “volver al pasado”. Además, citó como ejemplo el caso de Honduras, “ellos tienen prácticamente facultades de policías, nosotros no las tenemos así”.

  • Consulte la primera y la tercera parte de la serie sobre la militarización de la seguridad pública en El Salvador.

[1] Para el 2009 Mauricio Funes había formado una alianza electoral con el partido de izquierda. El reconocido experiodista obtuvo un amplio apoyo, debido en gran parte a los esfuerzos del movimiento ‘Amigos de Mauricio’, uno de cuyos fundadores y miembros había sido el general Munguía Payés.

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*Walter Murcia es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador (El Salvador) y candidato a Máster en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina).


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