El maíz mexicano en manos de las transnacionales (IV)

Por Nylva Hiruelas*.

La alternancia panista: ¿Gobiernos del cambio?

El 2 de julio del año 2000, se puso fin en México al mandato hegemónico del PRI durante 71 años con la victoria de Vicente Fox, presidente por el PAN. Los gobiernos panistas prometieron un cambio en el campo para relanzarlo como motor económico del país y apostaron por el pequeño productor. Sin embargo, los datos y opiniones de expertos contrastan con este discurso. Los últimos sexenios panistas [2000-2012] han estado totalmente orientados a favorecer a los grandes capitales tanto en la producción como en la comercialización, así como en la relación directa con los consumidores”, sentencia Beatriz de la Tejera, ingeniera agrónoma especializada en desarrollo rural. “Sobre todo durante los dos últimos sexenios panistas se ha concesionado la seguridad alimentaria al capital internacional”, afirma contundente Antonio Turrent, presidente de la Unión de científicos comprometidos con la sociedad (UCCS).

Csin-maiz-no-hay-paison la llegada al poder de los panistas, los recursos federales para el campo experimentaron importantes incrementos, alcanzando los 305 mil millones de pesos en 2012. “El presupuesto al campo más elevado de la historia”, se jactaba el presidente Felipe Calderón.

“No es un problema de presupuesto, sino un problema de política y de quién decide el destino y la forma de operación de los programas gubernamentales. El 80% de los subsidios al campo los recibe el 10% de los productores agrícolas del país, incluyendo a grandes corporaciones que están en la Lista Forbes”, explica Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

Además, comenta Luís Gómez, director del Proyecto de Evaluación de los Programas de la Secretaria de la Reforma Agraria en la FAO: “El problema es cómo se canalizan los recursos y a través de qué programas. Hay un apoyo creciente en programas de alivio a la pobreza, pero en cambio, hay una restricción de programas de fomento productivo. Hay una marginación del medio rural que impide el desarrollo de las capacidades productivas”.

Crisis de la tortilla: la insostenibilidad del ‘modelo’  

Este sistema agroalimentario demostró ser insostenible con la llamada “crisis de la tortilla”, que tuvo lugar en enero de 2007, cuando los precios de este producto se dispararon incrementándose en un 67% en un solo mes, según documenta la investigadora Olivia Acuña. También se elevaron los precios de los lácteos (25%) y las carnes (14%), puesto que al ser empleado el maíz amarillo de importación como forraje actúa como correa de transmisión hacia estos productos básicos de la canasta alimentaria.

Importar maíz le resultó muy caro al consumidor, pero también al país. De hecho, Víctor Suárez señala que la balanza agropecuaria en 2007 fue de 5082,4 millones, lo que representó “casi la mitad del déficit comercial total del país, es el más alto en la historia contemporánea”. Como consecuencia de esta política, la dependencia exterior del maíz alcanzó tras este sexenio el 34%.

Sin embargo, este ciclo de precios elevados del maíz y otros granos básicos en el mercado internacional, lejos de ser puntual, responde a factores estructurales. “La época de los precios bajos de los bienes agropecuarios, y la desvalorización artificial de ellos, ha terminado”, advierte Blanca Rubio, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Fuente: Greenpeace México.

Fuente: Greenpeace México.

¿Por qué subió el precio del maíz? Esta crisis se enmarcó en la crisis alimentaria mundial que comenzó en 2006. Según el relator de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, entre 2005 y 2008 los precios del maíz se triplicaron -superando los 200 dólares/tonelada-, los del trigo crecieron en un 127% y los del arroz en un 170%. Este experto apuntó como principal causa de esta crisis la especulación, pues consideraba que factores como la oferta y la demanda, o el crecimiento de China e India resultaban insuficientes para explicar con claridad la volatilidad de precios. La especulación fue posible por la creación de un nuevo tipo de derivado financiero, los llamados “food commodities”.

Según Blanca Rubio, la crisis financiera generó la fuga de capitales especulativos que anteriormente se ubicaban en la rama del sector inmobiliario hacia sectores con mejores oportunidades, como es el de la agricultura. Pero otra de las causas que se señala como culpable es el impulso del etanol -que requiere de maíz-. Blanca Rubio considera que la crisis alimentaria es parte de la crisis de la hegemonía de Estados Unidos, así como de las crisis energética y financiera. Es decir, ante la disminución de reservas petroleras  en el país -que le llevó a impulsar la guerra en Irak- y ante la perspectiva en el mercado energético que apunta hacia el fin de los precios bajos del petróleo y del gas natural, EE.UU. viene diseñando una estrategia para poner fin a su dependencia en materia de hidrocarburos. Según esta economista, están apareciendo los rasgos del ascenso de un nuevo orden agroalimentario financiero-energético.

Opinión que coincide con la de Víctor Suárez, “Hemos vivido un cambio de paradigma en los mercados agrícolas internacionales. El incentivo a la producción de agrocomsbutibles ha hecho que el excedente de granos que antes se exportaba a precios dumping a México y a otros países haya desaparecido, y por lo tanto su valor se incremente” -a lo que añade-: “Esto, unido a la especulación y a la afectación de la producción por el cambio climático, ha provocado que los precios altos de los granos básicos en el mercado internacional sea una tendencia nueva y permanente en el mediano y largo plazo”.

Este nuevo orden agroalimentario sitúa a los países importadores como México en una posición difícil y vulnerable. No así a las multinacionales como Cargill o  Archer Daniels Midland Company, que son las grandes beneficiarias, como quedó demostrado en esta crisis. De acuerdo a los datos que maneja la Revista Expansión -citados por Blanca Rubio en el documento “Grandes Problemas Nacionales”-, entre 2007 y 2009 las empresas que más incrementaron sus beneficios fueron: entre un 20 y un 25%, Monsanto, Grupo Industrial Lala y Bimbo; entre un 15 y 20% más, se sitúan Minsa y Gruma. Empresas como Nestlé, Bachoco o Sigma Alimentos reportaron beneficios inferiores al 15%.

Productores y consumidores: los grandes perjudicados

En una situación en la que el precio del maíz se incrementa en el mercado internacional debería de arrastrar este beneficio al productor, al pagarle más por su cosecha. Sin embargo, no ocurrió. “Hay especulación, mucho intermediarismo”, denuncia Beatriz de la Tejera.  “Los precios al productor no se alinean con los precios internacionales, como en su momento se dijo. Sólo sucede cuando el valor es a la baja. Esto sucede porque quien determina el comportamiento del mercado en México son los monopolios con el apoyo y la complicidad del gobierno”, afirma Víctor Suárez.

Fotografía: Greenpeace México

Fotografía: Greenpeace México

Los consumidores resultaron gravemente perjudicados por la crisis de la tortilla. “Hay familias numerosas que tienen que comprar 5 kilos de tortilla al día. Con este producto aumentado su precio, el gasto a la semana crece a más de 80 pesos y el jefe de familia tiene el salario mínimo”, comentaba Yolanda Pinesa, habitante del municipio de Coyuca de Catalán, en el Estado de Guerrero, en relación a la situación que se vivió.

Además, esta ama de casa de 43 años añadía con pesadumbre y resignación: “Hay que sacrificar otras necesidades para darles a los hijos una mediana alimentación”.

Así lo corroboró un documento encargado por la Cámara de Diputados. Según este informe, del año 2006 al 2007, los hogares más pobres incrementaron su gasto por consumo de tortillas de 65.40 pesos a 92.60 pesos mensuales, representando un aumento del 41.6%, muy por debajo de la subida del salario mínimo que fue del 4%. Esta crisis se repitió en los años siguientes produciendo que, entre diciembre de 2006 y agosto de 2012, el precio de la tortilla se incrementara en un 91%, el del frijol en 165% o el huevo en un 208%, mientras el salario mínimo sólo aumentó un 28%, de acuerdo a los datos que aporta Reporteíndigo.

“Salvemos al campo para salvar a México”

Durante el sexenio calderonista se incrementó la pobreza alimentaria en 4,2 millones de personas, alcanzando los 28 millones, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La situación de los pequeños y medianos agricultores es ya crítica, pero el futuro que les espera de aprobarse la siembra de transgénicos a escala comercial es de extrema dureza.

“Se calcula que hay 8 millones de toneladas de maíz que no entran al mercado y que son producidas por el pequeño campesinado que utilizan para alimentar a sus familias y a comunidades. Si a estos campesinos se les sigue golpeando, incluso van a faltar esas toneladas de este grano. ¿De qué se alimentarían estas personas?”, se cuestiona Ana de Ita, directora del Ceccam. “Hay muchas regiones que se dan de comer a sí mismas. Si no existiera ese maíz, México estaría en condiciones de hambruna tremenda”, vaticina Álvaro Salgado, integrante del Cenami. Pese a ello, muchos expertos se encuentran esperanzados. “Creo que hay una capacidad de resistencia enorme por parte del pequeño campesinado, lo ha demostrado durante todo el siglo, y más desde que empezó la época de ajuste estructural”, sentencia Beatriz de la Tejera, investigadora de la Universidad Autónoma de Chapingo.

Fotografía: Greenpeace México.

Fotografía: Greenpeace México.

No obstante, la crisis del campo afecta también a las ciudades, porque como alerta esta experta: “Uno de los problemas más serios de la crisis alimentaria va a estar en los enormes cinturones de miseria en las grandes ciudades”. Cobra sentido entonces el lema “Salvemos al campo para salvar a México”, coreado por los movimientos ‘El campo no aguanta más’, en 2003, y ‘Sin maíz no hay país’, surgido en 2007 al calor de la crisis.

¿Cuál es la solución? Para las más de 300 organizaciones campesinas, indígenas y sociales que integran este movimiento, la solución pasa por excluir al maíz y a otros productos sensibles de la agricultura, como el frijol, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La piedra angular de sus reivindicaciones es la soberanía alimentaria y el fortalecimiento del pequeño campesinado como productor y depositario de la producción nacional de alimentos para fortalecer la seguridad alimentaria del país. “Se debe cambiar la política agroalimentaria en México. Es una decisión de Estado y el TLCAN ha demostrado que es el fracaso de un modelo de relación entre dos países en función de los intereses de las corporaciones. Debe cambiar el capítulo agroalimentario, y en particular el del maíz”, afirma Víctor Suárez.

“El monopolio que hay en el mercado de semilla de maíz se lo debemos al TLCAN; el hecho de que México se haya alejado del grano se lo debemos a este tratado. El hecho de que si no hay quien nos venda maíz, tenemos inestabilidad social, se lo debemos al TLCAN”, opina Antonio Turrent. “Creemos que el Estado debe volver a tomar su función de regulación y proteger a la agricultura campesina”, propone Ana de Ita.

Además, el cambio climático endurecerá aún más la situación de la producción de alimentos, pues de acuerdo a un informe de Naciones Unidas, México es especialmente vulnerable y experimentará un aumento en la intensidad de los fenómenos meteorológicos. Según explicaban los expertos, sólo las razas nativas de maíz y su variabilidad garantizarán que se pueda hacer frente a esta amenaza. “Si perdemos la biodiversidad, no tenemos ninguna garantía de que la ciencia vaya a enfrentar con éxito los problemas que vienen con el cambio climático”, explica Antonio Turrent. De no tomarse ninguna de estas medidas, Víctor Suárez alerta sobre el futuro del país: “México pasaría de una crisis alimentaria a la catástrofe alimentaria. Tendremos un país de malnutridos y con gran inestabilidad política y social”.

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*Nylva Hiruelas (@nylvahb) es estudiante de postgrado del título Especialista en Información Internacional y Países del Sur de la Universidad Complutense de Madrid.


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