La militarización de la seguridad pública en El Salvador (I)

Por Walter Murcia*.

Existe un acuerdo generalizado en que después de las transiciones democráticas en América Latina, la principal función de las fuerzas armadas sería, en teoría, la defensa de la soberanía nacional y el territorio frente a agresiones externas. Pero en los últimos años, dada la creciente inseguridad ciudadana, muchos gobiernos han otorgado a las Fuerzas Armadas facultades en orden interno para lo cual no están preparadas. Todo ello, a pesar de tratarse de decisiones que contradicen sus respectivos marcos jurídicos y la propia democracia y de significar un retroceso en las relaciones cívico-militares.

Cada vez es más gris la línea que divide los asuntos de seguridad y defensa. En América Latina, solo en Argentina, Chile y Uruguay, los roles entre seguridad y defensa están bien definidos, aunque se han visto intenciones en estos países por hacer reformas a las leyes, como es el caso de Chile, para dar espacios de acción a los ejércitos para el combate a la criminalidad. Allí existe conciencia de que eso representaría un retroceso para la democracia.

En cambio, en otros Estados con problemas serios de ingobernabilidad, no es extraño toparse con Fuerzas Armadas multipropósitos, que además de llevar juguetes o asistencia médica a comunidades pobres, sirven en tareas de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico, como sucede en El Salvador. Esto último, influido por el apoyo que brinda Estados Unidos a estos gobiernos para su guerra contra las drogas. Un país cuya prédica y práctica se contradicen.

La Fuerza Armada en los Acuerdos de Paz

Ya pasaron más de dos décadas de la firma de los Acuerdos de Chapultepec entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), acuerdos que dieron fin a un conflicto armado de 12 años que dejó un lamentable saldo de 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos. Estos Acuerdos constituyeron un punto de partida para refundar un nuevo país, o al menos tratar de constituir una democracia.

Fuente: Facebook Fuerza Armada de El Salvador.

Fuente: Facebook Fuerza Armada de El Salvador.

El punto trascendental de los Acuerdos de Paz radicó en la reformulación de la misión de la Fuerza Armada a cambio de la desmovilización de la guerrilla del FMLN. Esto suponía reducir el tamaño de los ejércitos, supeditarlos al poder civil, fortalecer y reorganizar las dependencias policiales, entre otros. Al hacer un balance de los compromisos pactados en el texto del documento, se puede afirmar que se han dado avances parciales y agregaría que, en buena medida, debido al poco interés de las élites políticas en ver más allá, principalmente los partidos políticos.

La experiencia de El Salvador quedó registrada en la memoria colectiva como una experiencia exitosa de negociación de la paz. El título del informe de la Comisión de la Verdad (“De la locura a la esperanza”) describe muy bien ese contexto. No obstante, con el pasar de los años, se percibe que dichos Acuerdos no dieron muchos frutos, lo que responde a que fueron negociados entre elites políticas. Las cúpulas de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del FMLN establecieron un nuevo terreno para la guerra: las elecciones.

Se han cumplido algunos acuerdos, pero aún queda pendiente completar ciertas reformas. Por ejemplo, en cuanto a lo económico y social (detonante de la conflictividad), nunca se ha logrado tener una visión de país consensuada sobre la ruta a seguir. No fue casualidad que el primer punto de los Acuerdos de Paz estuviera dedicado a la Fuerza Armada. Se resolvió buscar una desmilitarización de la seguridad pública y avanzar en la profesionalización de las policías. En la actualidad, ni una ni otra parecen concretarse.

Un enfoque integral contra la violencia

El Salvador es uno de los países más violentos e inseguros en el mundo. Las razones pueden hallarse en los problemas estructurales, la violencia generada por las pandillas y el impacto del crimen organizado. A pesar de que con los Acuerdos se buscaba separar los campos de seguridad y defensa, desde 1993 hasta hoy, en nombre de la excepcionalidad (llámese incapacidad) y en busca de una respuesta al problema de inseguridad, los gobiernos han optado por políticas de mano dura, endurecimiento de leyes y acciones de corto plazo (como disuadir con el instrumento militar), pero que no abordan de manera integral el problema.

Basta tomar en cuenta experiencias exitosas de cómo tratar la inseguridad y la violencia, ya sea en ciudades de Colombia, Nicaragua o Costa Rica, que han combinado estrategias integrales centradas en el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, las policías comunitarias, las acciones de prevención, el fomento de espacios de convivencia y la  participación ciudadana, junto a otras políticas.

Ante la excusa de una policía desbordada (lo cual resulta obvio) y la búsqueda de respuestas “fáciles” a la inseguridad y las manifestaciones del crimen organizado como el narcotráfico, el actual gobierno de Funes ha implementado algunas acciones dirigidas a la prevención. No obstante, siguiendo la norma de los gobiernos anteriores, valiéndose del Artículo 212 de la Constitución Política, ha recurrido a la Fuerza Armada para que apoye tareas de seguridad pública. Dicho artículo establece que “el Presidente de la República podrá disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna, de acuerdo con lo dispuesto por esta Constitución”.

En sus discursos, el presidente Funes alude a que El Salvador se encuentra ante una guerra. Pero basta con observar los resultados no buscados del enfoque prohibicionista y represivo contra las drogas (caso de México). A pesar de ello, en El Salvador, se han venido renovando Decretos Ejecutivos que facultan al Ejército en tareas de seguridad pública y participación en la lucha contra el narcotráfico, obviando las notables implicaciones y retrocesos para la democracia y las relaciones civiles-militares.

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*Walter Murcia es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador (El Salvador) y candidato a Máster en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina).


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