Mujeres desplazadas en Colombia, historias de supervivencia [VÍDEO]

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que no celebra la condición femenina, sino que conmemora la conquista de derechos de y para las mujeres.

Bogotá, COLOMBIA // Virgelina Chará se dedicaba a la venta de chontaduro, una fruta típica de la zona en la que nació, vivió y comenzó a criar a sus hijos. Fue desplazada por primera vez en 1985, mientras se oponía a la construcción de una represa en Suárez (Departamento del Cauca). Es afrodescendiente, madre y abuela. Es mujer y, como tal, defiende los derechos humanos de las minorías poblacionales a través de la Fundación Asomujer y Trabajo. La nominación en el año 2005 a un Nobel de la Paz no consiguió protegerla de las presuntas amenazas que sufre por parte de grupos ilegales de Colombia: su lucha personal y humanitaria continúa. La presión sobre ella, también.

Desde que comenzara la actividad de la fundación, organización que preside y que se centra en el desarrollo integral de la mujer y la infancia a través de la conquista de derechos como la vivienda, las mafias colombianas interesadas en el control del territorio ponen en tela de juicio la vida de Virgelina. También la de los miembros de su familia. Y este ataque, el que se dirige a sus seres queridos, es  el que agrava su condición como mujer y lideresa en este país.

“Yo siempre le digo a mis hijos que salgo y no sé si volveré y que se deben formar porque hay un proceso y eso no se puede morir”, asegura con firmeza tras 35 años de defensa humanitaria.

Casos como éste evidencian que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es una fecha que celebre la condición femenina, sino que conmemora la conquista de derechos de y para las mujeres. En el marco de este día y continuando con nuestro análisis sobre su situación en los llamados países del sur, entrevistamos a esta trabajadora que representa a adultas, adolescentes y niñas víctimas del desplazamiento y la violencia en Colombia.

 


Vídeo de Hemisferio Zero Colombia

Situación general de la mujer desplazada en Colombia

Los principales motivos del desplazamiento en el país son el conflicto armado interno, el narcotráfico, la instalación de multinacionales mineras en el territorio y los efectos secundarios causados por sustancias como el glifosato sobre los cultivos. Según fuentes oficiales del Estado, el número de afectados es de 2.500.000 de personas aproximadamente; según datos de agencias de cooperación internacional, organizaciones sociales y ONGs como CODHES,  asciende a cuatro millones y medio. El Informe Diferencial realizado por la Agencia Presidencial para la Acción Social especifica, además, que cerca del 15% de las mujeres víctimas de desplazamiento sufren violaciones y para el 18% de ellas, este es el único motivo que les obliga a marcharse a otros lugares.

Más allá del destierro, adultas, adolescentes y niñas se enfrentan a una serie de obstáculos que las convierten en un sector poblacional de alta vulnerabilidad, tales como la llegada a una nueva ciudad que no conocen, sin recursos ni apoyos legales que las avalen.  Hasta noviembre de 2009, según el informe citado anteriormente, cerca del 83% de los desplazamientos afectan directamente a mujeres y niños. 68 de  cada 100 desterradas son cabeza de familia y hacen frente a la educación de sus hijos solas.

Los resultados, según un estudio realizado por Profamilia, indican que el 35,4% de adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y 19 años han estado alguna vez embarazadas y el 28,9% ya son madres. Del total de mujeres desplazadas registradas, el 28,3% manifiesta estar esterilizada, frente al 0,6% de los hombres. El 8% de ellas tiene alguna enfermedad de transmisión sexual.

Los problemas a los que se enfrentan una vez ha tenido lugar el desplazamiento son:

  1. Violencia, explotación o abuso sexual.
  2. Riesgo de explotación o esclavitud para ejercer labores domésticas.
  3. Riesgo de reclutamiento forzado de hijos e hijas.
  4. Obstáculos en el acceso a la propiedad de sus tierras.

Es habitual que las familias se instalen en barrios económicamente deprimidos, con altos índices de delincuencia, desempleo, falta de acceso a la educación y con servicios públicos deficientes o inexistentes, condiciones que incrementan los riesgos ya nombrados. Es frecuente, además, que las mujeres reciban amenazas de grupos armados que, en ocasiones, son los mismos que causaron su desplazamiento, como es el caso de Virgelina Chará.

Mujer colombiana desplazada. Fotografía: Noelia Vera.

Mujer colombiana desplazada. Fotografía: Noelia Vera.

Violencia de género sobre mujeres desplazadas

Al menos una de cada dos mujeres que se han trasladado forzosamente a lugares diferentes al de origen sufre violencia de género, bien sea intra o extrafamiliar, según datos de Profamilia.

En el año 2008 el Congreso aprobó una ley sin precedentes para controlar la violencia sobre este grupo poblacional y de la cual se benefician desplazadas y no desplazadas. Los diferentes ministerios comenzaron a trabajar para su protección en sus diferentes áreas de especialización. Más tarde, en el año 2011, el gobierno desarrolló una ruta para atender a las víctimas. El Observatorio Internacional de los Derechos Humanos (HRW) publicó un estudio llamado “Derechos fuera del alcance” en noviembre de 2012 que demuestra, sin embargo, que todas estas iniciativas no son aplicadas adecuadamente y dejan a la mujer en la misma posición de vulnerabilidad que antes.

“Derechos fuera del alcance” evidencia los obstáculos a la salud, la justicia y la protección para mujeres desplazadas víctimas de la violencia de género en Colombia y es el resultado de las entrevistas a 80 desplazadas y hoy residentes en las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín.

Los obstáculos a los que se enfrentan estas víctimas están materializados en un servicio médico público deficiente y en la falta de información que tienen al llegar a zonas nuevas. Éstos se incrementan por las condiciones de vida precarias que tienen, por el miedo a las represalias que puedan tomar contra ellas y por la falta de agilidad en las pruebas médicas.

Las dificultades que encuentran las señoras y jóvenes que acuden a la justicia en busca de ayuda son destacables, según HRW: maltrato de algunas autoridades, dificultades probatorias y el temor a las represalias, nuevamente. La ineficacia y la lentitud de los procesos hacen que, por otro lado, la población deje de creer en el poder público. “El 4,4%  de las víctimas de abuso sexual no denuncia porque lo considera normal, el 2,7 % cree merecerlo y el 22% calla para que el marido no las agreda”, según Profamilia.

Existen también deficiencias, según HRW, en la asistencia humanitaria y en las medidas de protección: el gobierno estableció rutas de asistencia para familias desplazadas, para víctimas de violencia de género y para defensores de los derechos humanos.  Todos han denunciado problemas en su implementación. Esto es porque el gobierno, aunque brinda a las familias alimentos, viviendas y otros beneficios, obliga a las familias a inscribirse  como unidad y consignar como referencia el nombre de un titular. Suele ser el hombre el que representa legalmente al grupo pero, en caso de que después la mujer le abandone por violencia, ésta deja de optar a estas ayudas. Quienes han intentado cambiar el nombre aseguran que es un proceso largo y complejo que lo vuelve una hazaña casi imposible de lograr.

Acceso  a una vivienda digna

Respecto a las mujeres víctimas y su derecho a la vivienda digna, la Corte Constitucional desarrolló una jurisprudencia que impone al Estado adelantar una política pública para repararlas integralmente, debido a su condición de vulnerabilidad por los datos mencionados anteriormente. Existen programas, además, que atienden de forma especial a los problemas de acceso a la vivienda en el marco del conflicto armado, que facilitan el acceso a la propiedad de la tierra y que protegen  los derechos de las indígenas y afrodescendientes víctimas del desplazamiento.

Según Virgelina Chará, que trabaja desde su fundación en este punto como pilar para garantizar el acceso a los demás derechos fundamentales, existe una gran deficiencia en el cumplimiento de todas estas iniciativas legales. Hoy está amenazada de muerte, junto con 13 lideresas más. Al encuentro que realizaban para tratar estos temas hace unas semanas, llegó una carta con sus nombres que aseguraba que, para seguir con vida, deberían abandonar Bogotá y sus intenciones políticas de forma inmediata. Sigue viva. Sigue “dando lora”.


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