La “Amazonía Tóxica” en Ecuador [FOTO+VIDEO]

Cuarenta años después del mayor vertido de residuos tóxicos en el oriente ecuatoriano, todavía persisten los estragos del crudo sobre la selva virgen. 

Lago Agrio, ECUADOR// Los años de la fiebre del oro negro en América Latina arrasaron una de las zonas consideradas “pulmones del planeta”, dejando tras de sí un rastro de petróleo que hoy se extiende hasta las profundidades de la selva del Amazonas. Nos adentramos en un viaje hacia la jungla, el desastre ecológico y los entresijos de uno de los juicios más mediáticos de la historia, de cuyo fallo se cumple hoy un año. Las comunidades indígenas contra una de las mayores empresas transnacionales del planeta: Chevron Corporation. David contra Goliath, una vez más.

A principios de los 70, la compañía Texaco (adquirida por Chevron en 2001) comenzaba a explotar hidrocarburos en las provincias de Sucumbíos y Orellana con el beneplácito del gobierno y la población, que veían en la nueva industria uno de los motores que impulsarían el levantamiento económico del país, ignorando el precio de los resultados de una mala praxis cometida durante 23 años de manera ininterrumpida.

Imagen de previsualización de YouTube

La contaminación del Edén

Entre 1972 y 1995, la actividad petrolera de Texaco extrajo 1,5 millones de barriles de petróleo perforando más de 350 pozos en una región aproximada de  un millón y medio de hectáreas. “A diferencia de otros casos derivados de la extracción de crudo, en este lugar no se produjo ninguna catástrofe accidental. Fue intencionado”, comenta Pablo Fajardo, principal abogado de la acusación del juicio contra Chevron, en litigio desde 2003. “El problema como tal no fue que Texaco sacase el petróleo, el problema es la forma en cómo lo hizo”. Según las distintas fuentes, Chevron-Texaco arrojó a los ríos de la Amazonía ecuatoriana entre 13 y 18 mil millones de galones de residuos en forma de crudo, ácido sulfúrico (necesario para el proceso de extracción) y aguas de formación.

Photo: Diego Represa

Photo: Diego Represa

Photo: Diego Represa

Photo: Diego Represa

En los alrededores de los pozos se construyeron cientos de piscinas a donde iban a parar los residuos y el petróleo no aprovechable, buscando su ubicación siempre en las proximidades de los ríos y arroyos para, según Fajardo, “deshacerse de los desechos tóxicos de la manera más fácil y económicamente barata. De este modo se ahorraron 8.500 millones de dólares sólo en tratamiento de residuos”.

Aparte de estas piscinas, Chevron arrojó gran cantidad de residuos sobre los 1.892 km de caminos de la zona con la intención de asfaltarlos. Pero este petróleo terminaba filtrándose en la tierra, yendo a parar las sustancias tóxicas a subniveles freáticos y, consecuentemente, a las aguas de consumo humano. En lo que respecta al gas, que siempre acompaña al crudo, la mayoría se quemaba directamente, provocando en la combustión mucho dióxido de azufre que, al mezclarse con la humedad de la selva, caía en forma de lluvia ácida sobre los techos de las casas y los campos de cultivo.

Con ánimo de combatir el desastre, comienzan a surgir organizaciones locales como la que preside Donald Moncayo, del Frente de Defensa de la Amazonía (FDA), una organización sin ánimo de lucro para la defensa y lucha por los derechos de la selva amazónica ecuatoriana y de sus gentes. Desde 1994 son el principal demandante en el caso contra Chevron y azote constante del gobierno y las nuevas petroleras que quieren instalarse en la región. “El petróleo es un producto que puede permanecer millones de años sobre la superficie. Según nuestros expertos, tras el limpiado correcto de una de estas piscinas pasarían todavía 30 años hasta que las aguas subterráneas puedan volver casi a la normalidad que había antes, pero no completamente. Esto es un daño que no es recuperable al 100%“, comenta Moncayo.

Junto con otros representantes del FDA, llevan años haciendo lo que ellos han denominado como “toxi-tours”, visitas guiadas para que la gente vea las piscinas de residuos, los pozos y los estragos de la contaminación en toda la provincia de Sucumbíos.  Durante tres días recorremos con ellos la Amazonía del oriente ecuatoriano para ser testigos del resultado de la actividad petrolera en la selva virgen. Hoy, cuarenta años después de que Chevron-Texaco comenzase a trabajar en la zona, todavía se pueden observar estas “piscinas”; unos depósitos de residuos a cielo abierto en mitad de la jungla y “auténticas trampas mortales para toda la fauna de la selva”, según Moncayo.

Photo: Diego Represa

Photo: Diego Represa

Photo: Diego Represa

La compañía, por orden del juez, limpió algunas zonas de los 15.843 millones de galones que ha reconocido que vertió, cubriéndolas con tierra y de este modo lavó así la cara. Sin embargo, el petróleo siguió allí durante años, enterrado a pocos centímetros de profundidad, y sobre esas parcelas se levantan hoy campos de cacao y otros cultivos que luego son consumidos en el resto del país y exportados a Europa y EE.UU.

“Nosotros hicimos análisis de las frutas de los árboles de la zona y salieron gran cantidad de partículas de hidrocarburos. Una cantidad que en Europa sería alarmante y prohibitiva, pero que según las leyes de aquí son insuficientes para presentarlo como prueba en el juicio”.

Tumores, malformaciones, abortos y enfermedades cutáneas

Uno de los grandes problemas por aquella época era la escasa información y conocimiento de las gentes locales sobre los estragos de la actividad petrolera. Muchas personas ignoraban la alta toxicidad del petróleo y que, como resultado de su exposición prolongada, era causante de numerosas enfermedades. “Hay cientos de casos registrados de cáncer, leucemia, enfermedades de la piel etc. La tasa de aborto espontáneo está disparada en la región  y es una de las más altas de América Latina”, comenta Pablo Fajardo. “Los propios empleados de la empresa decían a la gente que no, que incluso era algo medicinal, que había que consumirlo o ponerlo en su pecho como medicina para curar las enfermedades que tenían”.

La ciudad de Nueva Loja, rebautizada como Lago Agrio por los trabajadores de Texaco en honor a la ciudad natal de la empresa (Sour Lake, Texas), registra una de las tasas más elevadas de enfermos de cáncer en Ecuador. “Es una ciudad farmacia”, dice Moncayo, “por cada cuadra hay dos o tres farmacias. Aquí hay negocio, hay mucha gente enferma”.

Actualmente el gobierno ecuatoriano está tratando de reubicar a las  cerca de 4.000 personas que viven en las cercanías de pozos o piscinas. Casi 200 familias ya han sido trasladadas. La señora Marta Arrobo y su familia, vecinos de la localidad de Shushufindi, fueron de los primeros. Hoy viven en una casa construida por el Estado con el dibujo y logotipo de la “Revolución Ciudadana” del presidente Rafael Correa. Su marido, enfermo de diabetes, tiene manchas quemadas y ronchas por todo el cuerpo. Su hijo falleció hace ya unos años. “Murió de un dolor de cabeza muy fuerte. No se pudo curar”, nos cuenta. La falta de acceso a hospitales es tal que resulta difícil estimar la causa de la muerte, aunque en el pueblo todo el mundo lo sabe. El cáncer. “Nuestra agua era amarilla como manteca que salía del mismo pozo. Nuestros animales se morían. Esta casita nos la dieron. Dijeron que era por la contaminación que teníamos, como vivíamos al lado de un pozo y de la estación”.

Photo: Diego Represa

Photo: Diego Represa

Marta Arrobo es una de las demandantes contra Chevron pero, como muchos de ellos, está cansada de no ver resultados de un juicio que, en sus palabras, dura ya demasiados años. Ella y su marido están contentos con su nueva casa, pero nunca más podrán volver a ver a su hijo. Tampoco esperan ninguna indemnización. “Ya Texaco se fue por Estados Unidos. ¿Cómo vamos a ir a buscarlos por ahí a que nos paguen?”, se pregunta.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha prohibido perforar a menos de 500 metros de donde vive la gente, una distancia que los afectados consideran todavía insuficiente. “Pero es que esa normativa ni siquiera se está cumpliendo”, asegura Moncayo. “Las nuevas petroleras hacen oídos sordos y el Ministerio de Recursos Naturales No-Renovables sigue permitiendo abrir nuevos pozos a 100 metros de las casas. ¡Incluso aquellas que construyeron para reubicar a la gente están nuevamente dentro de la distancia de peligro!”

El calor y la humedad de la selva son asfixiantes. Después de seis horas de viaje llegamos con Donald Moncayo al pozo “Aguarico IV”, uno de los más antiguos, perforado en el año 1974. Texaco trabajó en él durante ocho años hasta que se secó. Petroecuador lo retomó en el año 2000 y lo volvió un pozo inyector de agua de formación. Hoy en día recoge todo el agua de los demás pozos y la vierten directamente en un río cercano al que nos acercamos para ser testigos de la magnitud del desastre. “Estas aguas eran las que lanzaba Texaco directamente al ambiente hasta el año 1995, incluso Petroecuador lo hizo durante cinco años porque así fue que le entregó el sistema funcionando Texaco. Estas aguas fueron las que arrojaron al río Teteyé, y las que mataron a mi madre”.

Moncayo ha vivido siempre en la provincia de Sucumbíos. Él, como casi todos los habitantes de la zona, ha padecido la contaminación toda su vida y ha visto apagarse las de familiares y amigos como consecuencia de las enfermedades. “Es un peligro tomar agua de cualquier río de esta parte de la Amazonía. Aquí bebe el ganado, los caballos, los puercos, los patos… incluso hay tres clases de peces que pueden vivir en estas aguas. Y luego esos animales, claro, van al mercado. No es necesario vivir a cien metros de un pozo. Sólo con consumir los productos de la región ya te puedes contaminar y desarrollar una enfermedad como el cáncer”.

Photo: Diego Represa

Photo: Diego Represa

Photo: Diego Represa

Una increíble batalla legal

En el año 2003 daba comienzo en Estados Unidos uno de los juicios por cuestiones medioambientales más largo de la historia. La acusación estaba compuesta por más de 30.000 demandantes de la provincia de Sucumbíos, muchos de ellos pertenecientes a cinco nacionalidades indígenas de la región. Entre sus argumentos se encontraban la destrucción de un espacio natural y los recursos propios de una población tradicionalmente agrícola; la toxicidad del suelo que ha hecho perder el acceso a fuentes de agua potable, obligando a miles de personas a desplazarse cientos de kilómetros de sus respectivos hogares. Así como un elevado número de enfermedades derivadas de la contaminación.

Por nueve años consecutivos, Chevron, como heredera de Texaco, basó su defensa en decir que EE.UU. no era competente para juzgar el caso y pidió al juez del tribunal de Nueva York trasladarlo a las Cortes ecuatorianas. Según la acusación liderada por  Fajardo, “porque pensaban que podían influir en el sistema judicial y político ecuatoriano para que éste fallase a su favor. Ellos tenían poder sobre el presidente de Ecuador, eran los que gobernaban el país realmente por aquel entonces”.

La defensa ganó esa batalla, el juicio llegó a Ecuador, pero una vez allí, Chevron dijo que ningún juez del país era competente para juzgar a la empresa. James Craig y Paul Briz, representantes de Chevron en Ecuador, afirman que tienen conocimientos claros de jueces y peritos que han sido sobornados por los demandantes en coalición con organizaciones medioambientales en un entramado criminal.

El 15 de octubre de 2011, el Tribunal Provincial de Sucumbíos condenó a Chevron a pagar 19.000 millones de dólares en concepto de desastre, evasión de responsabilidades y negligencia medioambiental entre los años 1972 y 1993. La cuantía fue dictada directamente por el juez, desestimando el informe perital que criticaba la defensa, e incluye una multa a la empresa por negarse a realizar una disculpa pública, lo que hizo duplicar la cantidad inicial.

Tras perder en los tribunales provinciales, Chevron jugó su ultima carta a la desesperada presentando un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia de Quito en el mes de enero. Desde entonces, el caso está en la más alta instancia de la justicia ecuatoriana.

Photo: Diego Represa

Photo: Diego Represa

Photo: Diego Represa

Photo: Diego Represa

Photo: Diego Represa

¿Fraude o Juicio del siglo?

Los argumentos de la defensa han ido variando según los años, las  circunstancias y las nuevas pruebas presentadas.  Una vez que el juico llegó al Ecuador, la empresa basó su defensa en un decreto de 1995 en el que el Gobierno ecuatoriano liberaba a Texaco y a sus empresas filiales de toda responsabilidad medioambiental derivada de sus operaciones. Por este motivo Chevron alega que el juicio ni siquiera debería celebrarse.

Sin embargo, la acusación sostiene que el Estado no puede negociar con derechos de terceros y que por tanto no puede eximir de responsabilidades a Texaco ni a sus filiales. “Ningún estado puede negociar con tus derechos personales, con tu derecho a la vida, a la salud, a la educación… y este juicio es un juicio de terceros, es de las personas, no es del Estado”, dice Fajardo.

Otro de los argumentos de Chevron se basa en la utilización de las mejores técnicas de extracción vigentes en el mundo por aquel entonces. Pero Fajardo y sus compañeros letrados afirman lo contrario. “Lo que dicen es falso. Ya en el año 1962 el Instituto Americano del Petróleo publicó un manual, un libro de técnicas de extracción de petróleo y gas en el que hay un capítulo en especial donde se dan instrucciones precisas de cómo operar, cómo tratar el agua de formación y cómo manejar los residuos tóxicos. Ese capítulo fue escrito por los técnicos y expertos de Texaco”.

Fajardo y los representantes del Frente de Defensa de la Amazonía sostienen que esas técnicas nunca fueron usadas en Ecuador. Principalmente por dos razones: economía y racismo. “Economía para ahorrarse la plata, para sacar el mayor provecho con la menor inversión posible y racismo porque siempre han pensado que la vida de la gente de Latinoamérica, más aún si son indígenas, vale mucho menos”.

Cuando Chevron vio que toda su defensa se desmoronaba y la condena era inminente, fue directamente a por los demandantes, presentando en febrero de 2011 una acusación de tipo RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) ante la ley federal de los EEUU. En otras palabras, se acusó a los abogados, a los demandantes y a las ONG de asociación ilícita, fraude y extorsión a la empresa, basándose, según Paul Briz, en montones de pruebas recogidas a lo largo del proceso. “Tenemos una montaña de evidencias, incluyendo pruebas de falsificación de firmas, falsificación de informes técnicos, fraude en el peritaje global del caso y fraude en la redacción de la sentencia contra la empresa”.

Ante estas acusaciones, Fajardo afirma que todo se trata de una maniobra de la empresa para manchar el nombre de los demandantes haciéndoles quedar como estafadores. “Son ellos los dicen que no hay ningún daño ambiental que todo es un invento para robarle a la empresa. Pero nosotros decimos que si no se lo creen, que vengan a la Amazonía, que vean como está el suelo, hablen con la gente o que beban agua de los ríos”.

Pablo Fajardo

La empresa pasó de negar completamente la contaminación a afirmar que sí que existe, pero recordando que ellos ya han limpiado su zona de responsabilidad y que las áreas restantes competen a Petroecuador. De acuerdo con los estudios científicos realizados por su propio personal, las zonas afectadas ya se encuentran completamente descontaminadas. Sin embargo, según varias organizaciones medioambientales como Amazon Watch, Rainforest Action Network, Oilwacth o Acción Ecológica, la objetividad del estudio realizado es muy cuestionable.

Cuando Chevron abandonó Ecuador retiró todos sus activos económicos. Sin embargo, la sentencia actual dice que la indemnización puede cobrarse en cualquier lugar donde la empresa tenga inversiones. Por ello, desde febrero de 2012 los demandantes han estado presionando en países donde Chevron sí tiene activos, como Canadá, Argentina o Brasil. Hoy, un año después, Fajardo y sus compañeros han visto sus esfuerzos poco recompensados y saben que tienen todavía un largo camino por delante pero no se arredran. “Pelearemos hasta el final”, afirma. Los demandantes menos optimistas esperan que al menos la sentencia siente precedente y sirva para otras comunidades en situación similar en cualquier parte del mundo. Si ganan, el mensaje será claro: Enfrentarse a una gran petrolera multinacional y hacer justicia es posible.

Pablo Fajardo_3


 


Compártelo:

Follow me on Twitter

Sobre Diego Represa

Licenciado en Historia. Especialista en comunicación y conflictos armados, con interés y experiencia en los países de Oriente Medio y Asia Central. Fotógrafo en ciernes, mochilero y correcaminos profesional. Contacto: diego.represa@hemisferiozero.com