¿Cuánto valen las especies?

Por Javier Espárrago*.

En 1975, Greenpeace lanzó su famosa campaña contra la caza de ballenas. Por primera vez, miles de personas vieron desde sus casas como decenas de cetáceos eran arponeados y muchos se preguntaron si la humanidad tenía derecho a llevar a varias especies de ballenas al borde de la extinción. Bob Hunter, uno de los principales ideólogos de esta organización, escribió un año después el Manifiesto de Interdependencia, popularmente conocido como el Manifiesto Greenpeace. En él se alejaba de la visión antropocéntrica, en la que la naturaleza es un mero recurso para el ser humano, adoptando una postura holística inspirada en los autores ambientales del momento, tales como Commoner y sus cuatro reglas de la ecología o Naess y la Ecología Profunda.

Hunter escribió: “tal y como Copérnico nos enseñó que la tierra no era el centro del universo, la ecología nos enseña que la humanidad no es el centro de este planeta”. Esta visión biocéntrica cuajó bien con el espíritu idealista de los 70 y fue clave en la definición del incipiente movimiento ecologista. Del mismo modo, Hunter reconocía un valor intrínseco en las especies y argumentaba que su mera existencia era suficiente motivo para preservarlas. “Así como nos amamos a nosotros mismos, debemos amar también todas las formas de vida en el sistema planetario – las ballenas, las focas, los bosques y los mares”.

Miembros de Greenpeace escriben con sus cuerpos “Ayuda a parar la caza de ballenas” frente al barco MY Arctic Sunrise. Fuente: mym en Flickr.

Mucho ha llovido desde aquella campaña anti-ballenera. En la actualidad, la comunidad científica está de acuerdo en que la pérdida de biodiversidad es uno de los mayores retos ambientales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que hay 19.817 especies en peligro de extinción, especialmente anfibios, corales y mamíferos. De ellas, 3.947 están consideradas como críticamente amenazadas y su preservación requiere urgentes medidas, incluyendo planes de conservación y establecimiento de áreas protegidas. La extinción de especies es también uno de los puntos centrales de las actuales políticas ambientales tanto nacionales como internacionales.

Sin embargo, uno de los cambios más profundos se ha dado en la ideología subyacente a este afán conservacionista.  La visión biocéntrica y romántica de Hunter, que inspiró a los activistas anti-balleneros, no encajó con el predominante discurso capitalista. Fue en los 80 y 90 cuando el concepto de desarrollo sostenible aunó, al menos en teoría, el crecimiento económico con la protección del medio ambiente. Pero en el terreno económico, solo hay una unidad de medida, el dinero, algo que las ballenas no entienden y que de entrada resulta ajeno al medio ambiente. Ahí es donde entra en juego la economía ambiental. Esta disciplina lleva ya más de 20 años desarrollando sistemas de valoración económica para los denominados servicios ecosistémicos, es decir, los beneficios que la naturaleza proporciona a los seres humanos de forma gratuita.

En otras palabras, la economía ambiental pone una etiqueta de precio a las especies y ecosistemas en función del ahorro que proporcionan a las actividades humanas o los posibles beneficios que puedan generar. De este modo, intentan que los mercados incluyan el coste ambiental de las actividades humanas haciendo de la protección del medio ambiente, no un deber moral, sino una cuestión de coste-beneficio.

Un ejemplo clásico y bien estudiado de los servicios de la biodiversidad es la actividad polinizadora de las abejas. La disminución en su número y el riesgo de extinción de algunas especies de abejas han hecho saltar las alarmas. En Estados Unidos, el valor económico de polinización de las abejas se estimó en 14.000 millones de dólares, solo en 2007. A nivel mundial, un estudio de dos años encargado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) denominado “La economía de los ecosistemas y la biodiversidad” estimó su valor en 153.000 millones de euros anuales. La industria química, farmacéutica y alimentaria también sabe de los potenciales beneficios económicos de la biodiversidad. La naturaleza es, sin duda, una de las principales fuentes de nuevos materiales, medicamentos y recursos alimenticios esperando a ser descubiertos y explotados comercialmente. Al fin y al cabo, la cura contra el alzhéimer puede estar extinguiéndose en el fondo de algún océano o siendo arrollada por un bulldozer en la Amazonía.

La cumbre de Hyderabad

Durante la última década, las Naciones Unidas han impulsado abiertamente la valoración económica de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Esto se ha hecho patente en la reciente Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), celebrada entre el 8 y el 19 de Octubre en Hyderabad, India, y al que han asistido representantes de 170 países. El CDB es un tratado internacional lanzado durante la Cumbre de Río de 1992 para la conservación de la biodiversidad y el reparto de los recursos genéticos, firmado por 193 países. El objetivo principal de este encuentro era definir el marco político y los mecanismos de financiación para cumplir el Plan Estratégico de Biodiversidad 2011-2020, aprobado en la anterior Conferencia de las Partes celebrada en Nagoya, en 2010. Ese año, se dio luz verde a una serie de medidas conocidas como las Metas de Aichi, dispuestas a frenar la perdida de biodiversidad para el 2020.

Como ya ocurrió en la cumbre Río +20 del pasado julio sobre desarrollo sostenible, el resultado al final de la COP11 dejó insatisfecho a la mayoría. Si bien es cierto que se tomaron algunas decisiones positivas, como la creación de reservas marinas, el asunto de la financiación fue el más peliagudo y decepcionante. Los países industrializados, liderados por la Unión Europea, se comprometieron a doblar la ayuda para frenar la pérdida de biodiversidad antes de 2015, lo cual supone unos 10.000 millones de dólares al año.

Aunque suene bien, esto es a todas luces insuficiente, especialmente después de que sendos informes “explotaran” en la cara de los negociadores en medio de la cumbre. Por un lado, un artículo publicado en la revista Science, firmado por prestigiosos científicos y académicos, cifraba la cantidad necesaria en más de 76.000 millones de dólares anuales. Por otro lado, un informe de las Naciones Unidas presentado durante la cumbre va mas allá, cifrando en cientos de miles de millones la cantidad necesaria para lograr las Metas de Aichi.

Aunque estas cantidades puedan parecer desmesuradas, no lo son tanto a una escala global. Stuart Butchart, coordinador del estudio publicado en Science, declaraba al diario británico The Guardian: “Estas figuras nos parecen enormes a nosotros como individuos, pero son triviales en términos de presupuestos gubernamentales”. Ambos informes también se hacen eco de la necesidad de una acción rápida para frenar la pérdida de biodiversidad, así como de los enormes costes que tendría una tibia o inexistente respuesta. Para ellos, las cifras propuestas son más una inversión de futuro que un gasto. Por ejemplo, el informe de las Naciones Unidas cifra entre 800 y 3.000 millones de dólares el coste de mejorar las pesquerías, mientras que estima en 50.000 millones las actuales pérdidas causadas por su mala gestión y sobrexplotación. También se hace énfasis en las oportunidades de creación de empleo y explotación sostenible de nuevos recursos derivados de una apropiada protección de la biodiversidad.

Otras críticas

Más allá de la insuficiente financiación, otras críticas han acompañado a la COP11 de Hyderabad, así como la creciente valoración económica de la biodiversidad. Por ejemplo, la organización Ecologistas en Acción ha criticado duramente el papel protagonista otorgado a la financiación privada durante la cumbre, abriendo la puerta a la especulación y permitiendo que la protección de la biodiversidad llegue a ser un negocio en vez de un deber. Al fin y al cabo, no es descabellado pensar que algo con una etiqueta de precio colgando puede ser comprado y destruido al antojo. Por el contrario, WWF apoya el desarrollo de “novedosos sistemas de financiación” mientras que centra sus críticas en la escasa aplicación de las medidas adoptadas en anteriores acuerdos por parte de los países.

Sea como fuere, si el futuro de las especies depende de su valor económico, no es suficiente con asignarles un valor. También es necesario asegurarse de que aquel que use los recursos ambientales pague por ello y que los beneficios redunden en quienes los protegen y cuidan, ya sean pequeños propietarios, granjeros o comunidades indígenas. Por tanto, no solo es necesario desarrollar sistemas de valoración y financiación, sino mecanismos institucionales, políticos y judiciales capaces de incluir los costes ambientales de un modo efectivo y justo.

Fuente: http://en.paperblog.com/cartoon-guide-to-biodiversity-loss-xi-14676/

*Javier Esparrago es licenciado en Ciencias Ambientales y con un máster internacional en Ciencias, Gestión y Políticas Ambientales; ha trabajado en la conservación de especies protegidas y es especialista en biodiversidad y ecología urbana. Ha vivido en Hungría, Grecia, Canadá y, actualmente, reside en Reino Unido. Le encanta la naturaleza y echarse al monte, ya sea en bicicleta, andando o escalando.


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