Demagogia con el gasto militar

El buque insignia de la armada española, el Juan Carlos I, atracado en el puerto de La Luz (Las Palmas). Foto: J.R Rodríguez Sosa.

El buque insignia de la armada española, el Juan Carlos I, atracado en el puerto de La Luz (Las Palmas). Foto: J.R Rodríguez Sosa.

*Por Carlos Miguélez Monroy

El Ministerio de Defensa español debe a la industria militar privada más de 32.000 millones de euros por los Programas Especiales de Armamentos (PEAS), de poca utilidad para sus necesidades reales de defensa. Así lo desvela el informe Verdades y mentiras en el presupuesto militar español de 2013, dirigido por Pere Ortega y publicado por el Centro de Estudios para la Paz JM Delàs, que trata de analizar la incidencia del gasto militar sobre el montante final de la deuda pública española.

De acuerdo con el informe, la consigna del gobierno de recortar a toda costa “para reducir el déficit” no se aplica de la misma forma a unos gastos que ni siquiera responden a necesidades militares de España. Material como los blindados Leopardo y Pizarro, y los aviones Eurofighter (EF-2000) fueron diseñados “para una confrontación de guerra entre estados o de invasión exterior” o para zonas sin obstáculos montañosos, según el informe. Por eso tienen escasa utilidad para España. Además, fueron diseñados para un contexto geopolítico anterior a la caída del Muro de Berlín, al desmoronamiento de la URSS y a la resucitación de la OTAN, cuya existencia perdía cada vez más sentido.

Los helicópteros de ataque Tigre y NH-90, los obuses, los blindados, los cazas EF-2000 y los misiles asociados, algunos de ellos en fase de producción y que aún no son operativos (los NH-90 y el obús de 155mm), no se han desplazado a Bosnia, Kosovo, Afganistán o Líbano, donde España mantenía sus misiones de “mantenimiento de la paz”. No han entrado nunca en combate ni lo harán en un futuro cercano, sostiene Ortega. Quedarán obsoletos, como el único portaaviones de la armada española, el Príncipe de Asturias, puesto en servicio en 1988 y anclado en una dársena a la espera de encontrarle uso. Para mantenerlo en activo, necesita una modernización de 400 millones de euros, cuando costó 350 millones. A esto hay que sumar los 30 millones anuales para su mantenimiento.

El resto del material de los PEAS corresponde a submarinos y buques que sirven para defender los intereses de armadores españoles que faenan en el Océano Índico, cerca de las costas somalíes. Los medios de comunicación se han encargado de la campaña de marketing para luchar contra los secuestros de unos piratas y a favor de otros que contaminan y esquilman “aguas internacionales” ante la falta de Estado en el Cuerno de África. En muchos otros casos, los armadores faenan con la bandera de otros países para beneficiarse en materia fiscal, jurídica y comercial. Sólo 16 tripulantes de los 36 en el Alakrana, secuestrado hace unos años, eran españoles; dos malayos, tres senegaleses, cuatro ghaneses, dos marfileños, ocho indonesios y uno de las Islas Seychelles. Esto reduce los costes de los empresarios, que se benefician ahora de una seguridad pagada con dinero público.

Desfile de las Fuerzas armadas españolas de 2011. Foto: Theeyedropper (Flickr).

Desfile de las Fuerzas armadas españolas de 2011. Foto: Theeyedropper (Flickr).

El gobierno ha pagado 750 millones de euros a Airbus Military en concepto de “ayudas” por el buque Juan Carlos I, aún en fase de diseño. Este navío sólo sirve para desplazar armas y hombres a lugares lejanos, algo poco probable ante el repliegue de las tropas españolas de Afganistán y la ausencia de amenazas militares contra España, miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Ocurre algo similar con el avión A400M, un aparato de transporte aéreo de gran capacidad para desplazar tropas a larga distancia, también en fase de diseño. Hasta la fecha ha costado otros 750 millones, que también cobrará Airbus.

El gobierno español exige austeridad y defiende sus recortes de derechos con la necesidad de “reducir el déficit”. En este contexto económico y, más aún, teniendo en cuenta las necesidades reales de defensa del Estado español, el elevado gasto militar nacional resulta a todas luces injustificado.

 *Carlos Migúelez Monroy es periodista y Coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS). En twitter: @cmiguelez


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