Del modelo del ISI a la neoliberalización: 1979-2006. La implementación de la agenda neoliberal en el Estado a través del Consenso de Washington y el debilitamiento institucional (IV)

La etapa democrática se inicia el 10 de agosto de 1979. El triunfo de Jaime Roldós (1979-1981) no solo inauguró una nueva fase en la vida constitucional de Ecuador, sino que sentó las bases para un largo y complejo proceso de re­ordenamiento, caracterizado por una fuerte inestabilidad política. Entre 1979 y 2006 se sucedieron 12 presidentes. Las pugnas entre los diferentes poderes del Estado fueron constantes –entre el Ejecutivo y el Legislativo y entre el gobierno nacional y los gobiernos locales–, lo que generó serias dificul­tades de gobernabilidad. En este sentido, Julio Echeverría[1] destaca que los partidos en las últimas décadas perdieron progresivamente, si alguna vez tuvieron, la capacidad para asumir la creciente complejidad del campo social y político como condición para consolidarse y legitimar el diseño democrático.

Siguiendo con Echeverría, éste justifica la “incapacidad” de los políticos por la propia naturaleza del sistema de partidos y, en particular, por los altos niveles de fragmentación y polarización, que dificultan un funcionamiento estable del presidencialismo ecuatoriano. Para este profesor y en consonancia con Martín-Mayoral, el sistema político fue deslegitimándose en las rivalidades de las elites políticas partidarias, en la dificultad para lograr acuerdos de gobernabilidad entre ellos y en la constante pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que inmovilizó el funcionamiento del sistema político.

León Febres Cordero

El primer gobierno civil después de la transición (1979-1984)[2] empleó medidas de estabilización estandarizadas y resistió la aplicación a gran escala de políticas contenidas en el Consenso de Washington [3]. Sin embargo, el segundo gobierno democrático, liderado por el dirigente del Partido Social Cristiano, León Febres Cordero (1984-1988), comenzó a implementar la agenda neoliberal con mayor fuerza. El rescate financiero de sus aliados comerciales en el sector privado debilitó seriamente al Banco Central mientras otras instituciones públicas claves sufrieron durante esta presidencia, incluyendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),la Corporación Petrolera Ecuatoriana (CEPE), y al antes existente Instituto Nacional de Electrificación (INECEL), como también otras agencias que proveían subsidios para el consumo básico. Pareciera como si el gobierno a propósito hubiera debilitado esas instituciones para apoyar argumentos futuros a favor de la privatización.

Se puede afirmar que el avance del neoliberalismo permitió que los gobiernos lograran introducir un marco legal que promovió la flexibilización laboral, y, siguiendo los programas de ajuste estructural, desmantelar buena parte de las áreas económicas en manos del Estado y las políticas sociales y productivas. Es evidente que la viabilidad de las instituciones sociales y económicas del Estado estaba siendo socavada, una vez que los gobiernos civiles desde mediados de los 80 llevaron a cabo políticas para limitar el papel del Estado, políticas promovidas por instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial) y las grandes naciones donantes. Además, estos gobiernos tuvieron que hacer frente al problema de la deuda externa. Para cubrir los compromisos internacionales del pago de la deuda se tuvo que reducir el gasto público[4] en las partidas presupuestarias, incluidas las sociales, junto con otras medidas macroeconómicas de tipo monetario y cambiario. El abandono de la estrategia nacional de desarrollo llevada a cabo durante los 60 y 70, significó el debilitamiento del Estado, la progresiva limitación de sus funciones reguladoras y su retiro como actor relevante del desarrollo, para ceder espacio al mercado y a la iniciativa privada hacia el mercado internacional.

Jamil Mahuad

Durante los noventa, la política económica estuvo orientada a favorecer los intereses de sectores privados privilegiados representados por la oligarquía. Además, El campo dejó de ser un sector estratégico en la economía. Todas estas tendencias apuntadas, desde el desmantelamiento de las instituciones del Estado y el creciente control por parte las elites rentistas de la agenda política del país, hasta el deterioro de los estándares de vida y los servicios sociales, culminaron durante la presidencia de Jamil Mahuad (1998-2000) y el anuncio de adoptar el dólar como moneda oficial del país en enero de 2000[5].

En 1999, durante la presidencia de Jamil Mahuad se produjo la mayor crisis financiera de la historia del país, aunque su origen se remonta al gobier­no de Durán Ballén[6] y la promulgación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero[7]. El Estado se vio obligado a realizar profundas reformas económicas para sanear el maltrecho sector público: eliminó subsidios (gas, combustibles y electricidad) y comenzó un proceso de privatización de empresas públicas, especialmente del sector petrolero, electricidad y telecomunicaciones.

El periodo “posdolarización” (2000-2006) estuvo protagonizado por una con­tinua inestabilidad política y por frecuentes cambios de gobierno[8]. Esto se debe, como apunta Anita Isaaks, a que “la  elite política ecuatoriana no siempre ha demostrado voluntad para aceptar las reglas del juego democrático y, más bien se ha involucrado en componendas y pactos como una forma de resolver los inciertos conflictos políticos[9]. Como consecuencia de ello, la sociedad ecuatoriana ha abrigado desconfianza hacia los procesos políticos civiles y cómo los líderes de los respectivos gobiernos han manejado las crisis de turno. Para los ciudadanos, los gobiernos civiles han significado penurias económicas, una violación de las libertades políticas y civiles y un abuso de poder.

Para concluir, el problema institucional de Ecuador  ha sido determinado por la capacidad de las elites ecuatorianas rentistas para perseguir sus intereses privados y, por tanto, la escasa autonomía que el Estado ha alcanzado frente a las clases dominantes, que le ha impedido conducir al país al desarrollo económico y al progreso social.


[1] ECHEVERRÍA, Julio: “Complejización del campo político en la construcción democrática en el Ecuador” en BURBANO DE LARA, Felipe (coord.): Transición y rupturas. El Ecuador en la segunda mitad del siglo XX. Edita FLACSO y Ministerio de Cultura de Ecuador. Quito, 2010. Pág. 76.

[2] Jaime Roldós fallece en 1981 en un accidente aéreo y le sustituye Osvaldo Hurtado Larrea como presidente.

[3]El Consenso de Washington es una serie de propuestas económicas que configuran la lógica y la práctica de los ajustes neoliberales. Su recetario se compone de diez normas de aplicación: austeridad y disciplina fiscal; la reestructuración del gasto público; la reforma tributaria; la privatización de las empresas públicas; el establecimiento de un manejo cambiario competitivo; liberalización comercial; desregulación del mercado financiero y apertura de la cuenta de capitales; apertura sin restricciones a la inversión extranjera directa; flexibilización de las relaciones económicas y laborales; garantía y cumplimiento de los derechos de la propiedad privada. ACOSTA, Alberto: “Procesos económicos contemporáneos. Impacto de las reformas neoliberales en la economía”, en MONTES DEL CASTILLO, Ángel (coord.): Ecuador Contemporáneo. Editala Universidad de Murcia, 2009. Pág. 27.

[4] La inversión pública estatal se redujo de 12,2% del PIB en 1981 -el punto más alto en la historia – al 7,5% en 1991 – su punto más bajo. Este descenso marca el paso desde el momento más fuerte del proyecto modernizador vía industrialización por sustitución de importaciones iniciado en 1965, y los efectos del desarrollo del neoliberalismo y la crisis económica iniciados en 1982. Op. Cit. ANDRADE, María; GONZALO HERRERA, S; y OSPINA, Pablo: “Mapa de movimientos sociales en el Ecuador”. Pág. 11.

[5] El 11 de enero de 2000 se impuso la dolarización a 25.000 sucres por dólar.

[6] Sixto Durán-Ballén Córdovez (1992-1996)

[7] Impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta ley disminuyó el control de la Superintendencia de Bancos sobre las en­tidades financieras. Las elevadas tasas de interés nominal promovidas por la Junta Monetaria para motivar el ahorro nacional y compensar la galopante inflación, la liberalización del flujo de capitales, la falta de control a los ban­queros y la constante devaluación del sucre fueron, según diversos autores, las principales causas que llevaron a la quiebra del sistema financiero.

[8] Gustavo Novoa Bejarano (2000-2003) y Lucio Gutiérrez Borbúa (2003-2005).

[9] ISAAKS, Anita: “Los problemas de consolidación democrática en el Ecuador” en BURBANO DE LARA, Felipe (coord.): Democracia, gobernabilidad y cultura política. Edita FLACSO. Quito, 2003. Pág. 272.


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Sobre Adrián Rodrigo

Licenciado en Historia y Periodismo. Ha trabajado en el diario La Razón y en el Observatorio de Medios de Mediapro. En la actualidad, trabaja para la empresa de análisis de medios de comunicación y política Alert Media y colabora con la Revista aauc3m. Devorador de letras contemporáneas, fotogramas clásicos y enganchado a Europa del Este. Contacto: adrian.rodrigo@hemisferiozero.com