Del modelo del ISI a la neoliberalización: 1963-1979. El “boom” petrolero y las intenciones reformistas de las Fuerzas Armadas (III)

La Junta Militar [1] (1963-1966) que llegó al poder tras el derrocamiento de Velasco Ibarra en 1963, por parte de su vicepresidente, Carlos Julio Arosemena, le dio al Estado un papel aún más protagonista, en el marco de la visión moder­nizante del capitalismo impulsada desde Estados Unidos por la Alianza para el Progreso [2]. En efecto, en las décadas de 1960 y 1970 se consolida el proyecto modernizante de la sociedad basado en la sustitución de importaciones y en la intervención decisiva del Estado en el desarrollo, financiada por los ingresos petroleros [3].

Asimismo, en esos años se producen cambios demográficos en la distribución espacial de la población y un proceso de estratificación y diferenciación acelerada. No sólo que la población se concentra en las ciudades, sino que hay un crecimiento importante (4 millones en 20 años) y una diferenciación creciente. Si consideremos que en 1950, el 72% de la población del país vivía en el área rural y que este predominio se daba en todas las regiones, es claro un cambio de una sociedad rural hacia una “urbana”. Como lo plantea H. Ibarra,  “hasta los años 50 el Ecuador es una sociedad profundamente rural y, a pesar de que, desde los 30 ya hubo procesos de diferenciación que dan paso al surgimiento de las clases medias, es en los 70 cuando se produce un gran cambio modernizante”[4]. El país se vuelve mucho más complejo en términos sociales, espaciales e institucionales y el impacto de este impulso modernizante de la década de los setenta supone la ruptura de las relaciones de producción hacendatarias[5], la deriva del régimen oligárquico y la construcción de una sociedad “moderna”.

El almirante, Ramón Castro Gijón, presidió la Junta Militar entre 1963 y 1966.

Como indica Lisa North[6], si bien el gobierno electo de Galo Plaza trató de impulsar la acción del Estado, los esfuerzos más coherentes para fortalecer las instituciones estatales y atender la “cuestión social”[7] llegaron de la mano de los gobiernos militares. Precisamente y, dentro de los programas sociales, las FF.AA. impulsan la reforma agraria en 1964, la primera en la historia de Ecuador, que combinó objetivos económicos de modernización agrícola con objetivos sociales de colonización de terrenos baldíos por parte de la pobla­ción campesina[8]. Además,la Junta Militar impulsó también una reforma tributaria con el fin de aumentar los recursos del Estado.

Pero retomando la reforma agraria de 1964, se debe insistir en que la ley decretada por el gobierno militar fue diseñada para reducir la tensión de estos conflictos sociales  con la abolición de las relaciones sociales precapitalistas y con la creación de una clase media rural, principalmente a través de la extensión de la frontera agrícola mediante la colonización, como ya habíamos apuntado. El problema surge desde el comienzo, ya que y, a pesar de que la ley de reforma agraria de 1964 fue moderada, las clases terratenientes de la sierra  y de la costa se opusieron y se unieron para asegurar que ni los trabajadores agrícolas ni los campesinos estuvieran representados en el Consejo Ejecutivo de IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización)

Además, los esfuerzos de la Junta por fomentar la industrialización, reformar la administración de aduanas en Guayaquil y aumentar los impuestos de importación hicieron que se ganasen la enemistad de las elites costeñas. Una vez que el peligro de la revolución social estuvo aparentemente neutralizado por las iniciativas reformistas, combinadas con la represión de grupos de izquierda y populares, las elites de la costa y de la sierra juntaron sus fuerzas de nuevo, “recurriendo al sabotaje económico”, para expulsar a la Junta Militar e idearon una transición a un gobierno civil[9] que ellos pudiesen controlar.

Podemos afirmar que la de los 60 fue una década de transición entre las tradicionales formas oligárquicas y las modernas relaciones capitalistas. Una época de debates sobre el “intervencionismo estatal”, las libertades de la empresa privada, el papel de los militares en la vida del país y las necesidades de la justicia social frente al dominio de poderosos grupos minoritarios. Todo ello fue causa de una profunda inestabilidad social, así como de continuas confrontaciones políticas, que despertaron los contrapuestos intereses entre las distintas clases sociales y se reflejaron, de inmediato, en una persistente inestabilidad constitucional[10].

En 1968 y hasta 1972 irrumpe de nuevo el populista y sempiterno Velasco Ibarra. No obstante y, tras el boom de exportación petrolera en el horizonte, en 1972, sectores reformistas y nacionalistas de las fuerzas armadas lideraron un golpe[11], esta vez, para asegurar que el capital extranjero proveniente del petróleo se destinara al desarrollo social y económico en lugar de que cayera en las manos de compañías extranjeras y sus respectivos aliados locales pertenecientes a la clase dominante. Asimismo, los golpistas prometieron que el nuevo gobierno no sólo “‘realizará una reforma agraria real y efectiva’, distribuyendo la tierra ‘a las personas naturales que genuina y directamente la trabajan’, [sino] que ‘hará todos los esfuerzos que sean necesarios para eliminar la dependencia del país en los aspectos económico, político, social, cultural e ideológica’”[12].

El general, Guillermo Rodríguez Lara, lideró entre 1972 y 1976 un Gobierno autodenominado “nacionalista y revolucionario”.

Sin embargo, la ley de reforma agraria llevada a cabo por los militares (1973) estuvo lejos de llenar estas promesas ya que, una vez más, los terratenientes de la costa y de la sierra, con el apoyo de otros sectores de la elite, lograron minimizar el contenido reformista de las propuestas de ley presentadas por los militares. No obstante, el gobierno de Rodríguez Lara sí consiguió renegociar los contratos[13] con las compañías petroleras, asegurando estos recursos para el Ecuador, a la vez que le permitió emprender programas de construcción de infraestructuras, expansión de la educación pública y de los servicios de salud, y la disposición de generosos subsidios para sostener políticas de Industrialización por Substitución de Importaciones (ISI) como también para la modernización agrícola.

Dichas políticas favorecieron la expansión de las clases medias urbanas que prosperaron con la diversificación económica y el rápido crecimiento de fuentes de empleo público. Al mismo tiempo, las clases dominantes “conservaban intactas las raíces de su poder”.[14] A pesar de que las elites de la costa y la sierra se beneficiaron inmensamente de los subsidios proporcionados al sector privado, “a los sectores hegemónicos no les gustó la posición nacionalista y progresista de Rodríguez Lara”[15]. De esta forma, se unificaron de nuevo para forzar la renuncia de ministros progresistas y, finalmente, del propio Rodríguez Lara. Éste fue reemplazado en 1976 por un Triunvirato[16]. Este no recortó la inversión en educación, salud pública, alumbrado público y los subsidios al sector privado.

El boom petrolero facilitó la modernización agraria y formas de ISI intensivas en la utilización de capital y cuando el ingreso de las exportaciones petroleras comenzó a decaer[17] –paralelismo con el auge del banano-, no sólo el Estado sino también el sector privado aumentaron agresivamente su capacidad de endeudamiento. La debilidad de los esfuerzos militares para fortalecer las instituciones públicas y comprometerse con la construcción de la nación, para llevar a cabo reformas redistributivas y auspiciar un patrón de desarrollo social más benigno, residió en parte en la ausencia de organizaciones de apoyo social y político para contrarrestar la oposición de las poderosas clases dominantes del país y en parte a las propias contradicciones internas de los militares que les impidió a llevar una política consecuente en todos los campos.

Como apunta Fernando Martín-Mayoral[18], el triunvirato militar comenzó a alejarse de los principios fun­damentales de la «Revolución Nacionalista»: aplicó políticas de reducción de la intervención estatal, impulsó una mayor apertura comercial y priorizó el control de la inflación. Además, el creciente gasto público, en un ambiente de sobreoferta de recursos financie­ros a escala internacional por el reciclaje de los petrodólares, llevó al gobierno militar a recurrir al financiamiento externo. Fue el comienzo de un agresivo proceso de endeudamiento, propiciado por los organismos internacionales y multilaterales de crédito para canalizar el exceso de liquidez de los países desarrollados.

Finalmente y, tras disturbios populares y varias revueltas provocadas por los abusos de po­der, el gobierno militar comenzó a registrar un creciente desgaste que anticipó el regreso de la democracia. En 1979, luego de un largo y complejo proceso, terminaba la etapa dictatorial más larga de la historia republicana de Ecuador. Una elección en dos vueltas, en julio de 1978 y en abril de 1979, tuvo como resultado una victoria por una gran mayoría de votos del binomio de centro-izquierda, Roldós y Hurtado. A pesar de los fuertes rumores sobre golpes de estado, en agosto de 1979 se restableció el gobierno civil y los militares ecuatorianos fueron los primeros de la región en retirarse del poder.



[1] Dicha Junta la conformaron el capitán Ramón Castro Jijón, el teniente coronel Guillermo Freire Posso,  y los coroneles Luis Cabrera Sevilla y Marco Gándara Enríquez.

[2] La “Alianza para el Progreso” intentó ser una reedición de lo que fue el “Plan Marshall” para la recuperación económica de Europa después dela IIGM. Consistió en una política de concesión créditos condicionados para lograr que los países latinoamericanos fueran dependientes de los Estados Unidos y, así, lograr una influencia decisiva sobre estos países. El objetivo de los Estados Unidos era frenar la expansión de los procesos revolucionarios de izquierdas que se estaban produciendo en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. El plan fue concebido por la administración Kennedy en 1961 y estuvo vigente hasta 1970.

[3] ANDRADE, María; GONZALO HERRERA, S; y OSPINA, Pablo: “Mapa de movimientos sociales en el Ecuador”. Edita Instituto de Estudios Ecuatorianos. Quito, octubre 2008. Pág. 9.

[4] IBARRA, Hernán: “Los estudios sobre la historia de la clase trabajadora en el Ecuador”. En Revistas Ecuador Debate. No. 72. Quito, diciembre, 2007

[5] Al comenzar la década de los 60 todavía eran visibles en la sierra ecuatoriana las haciendas tradicionales, organizadas bajo relaciones agrícolas de trabajo precario (jornales ínfimos o ausencia de salarios). La costa, en cambio, más dinámica y emprendedora, seguía siendo la base del crecimiento agroexportador sustentado en el banano, que, sin embargo, progresivamente entró en crisis. En mucho, todavía pesaba la ruralidad del país, porque la mayoría de la población se ocupaba en la agricultura, existía un crecimiento urbano reducido a unas cuantas ciudades y porque la industria y la manufactura eran todavía incipientes, así como resultaba escasa la presencia de capitales extranjeros. Información extraída de la monografía La historia contemporánea, editado por el Ministerio de Educación de Ecuador.

[6] NORTH, Lisa: “Militares y Estado en Ecuador: ¿Construcción militar y desmantelamiento civil?”. Iconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 26, Quito, septiembre 2006. Pág. 89.

[7] La “cuestión social” en el sector agrario fue el objeto de atención del reformista y a la vez  represivo gobierno militar anti-comunista de mediados de 1960, asesorado por consejeros estadounidenses inspirados porla Alianza por el Progreso y presionado por la agitación social en el campo. En aquel tiempo, el problema no residió sólo en la alta concentración de la tierra en pocas manos, sino en el aún existente huasipungo, relación social precapitalista que todavía se mantenía en las zonas indígenas de la sierra.

[8] MARTÍN-MAYORAL, Fernando: “Estado y Mercado en la historia de Ecuador. Desde los años 50 hasta el gobierno de Rafael Correa”. Revista Nueva Sociedad, nº 221, mayo-junio 2009. Pág. 123.

[9] En 1966 una Junta de Notables de Quito designa a Clemente Yerovi Indaburú como presidente interino, hasta que en 1967la Asamblea Constituyente nombra a Otto Arosamena Gómez como presidente definitivo.

[10] Véase La historia contemporánea, editado por el Ministerio de Educación de Ecuador

[11] El general Guillermo Rodríguez Lara asumirá la presidencia.

[12] CUEVA, Agustín: “El Ecuador de 1960 a 1979”, en AYALA MORA, Enrique (editor): Nueva Historia del Ecuador.  Corporación Editora Nacional, Quito.1990. Pág. 167.

[13] El incremento del pre­cio internacional del petróleo –que pasó de 2,5 dólares el barril en1972 a 35,2 dólares en 1980– permitió un aumento sin parangón de los ingresos públicos, que le otorgó por primera vez al Estado una clara autonomía respecto de los grupos de poder, principalmente las empre­sas agroexportadoras. La renegociación de los contratos petroleros con las multinacionales Texaco y Gulf, la creación dela Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (cepe) y la sanción dela Ley de Hidrocarburos le garantizaron al Estado un mayor control sobre los recursos energéticos. Op. Cit. MARTÍN-MAYORAL, Fernando: “Estado y Mercado en la historia de Ecuador”. Pág. 124

[14] Op. Cit. CUEVA, A: “El Ecuador de1960 a1979”. Pág. 169.

[15] MONCAYO GALLEGOS, Paco: Fuerzas Armadas y Sociedad, Corporación Editora Nacional, Quito, 1995. Pág. 169.

[16] Los líderes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas: el vicealmirante Alfredo Poveda Burbano y los Generales Guillermo Durán Arcentales y Luis Leoro Franco. Un creciente descontento del sector empresarial con las políticas económicas del régimen militar, desilusión popular por la lentitud de las reformas y un intento abortado de golpe de estado en agosto de 1975 fueron factores que se combinaron para persuadir a las Fuerzas Armadas de iniciar un proceso de transición hacia la autoridad civil a principios de 1976.  ISAAKS, Anita: “Los problemas de consolidación…”. Pág. 263.

[17] Los ingresos petroleros fueron utilizados para sostener las importantes y, según algunos analistas, sobredimensionadas inversiones en educación, vivienda popu­lar, armamento e infraestructura de transporte y energía. Op. Cit. MARTÍN-MAYORAL, Fernando: “Estado y Mercado en la historia de Ecuador”. Pág. 124

[18] Op. Cit. MARTÍN-MAYORAL, Fernando: “Estado y Mercado en la historia de Ecuador”. Pág. 124


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Sobre Adrián Rodrigo

Licenciado en Historia y Periodismo. Ha trabajado en el diario La Razón y en el Observatorio de Medios de Mediapro. En la actualidad, trabaja para la empresa de análisis de medios de comunicación y política Alert Media y colabora con la Revista aauc3m. Devorador de letras contemporáneas, fotogramas clásicos y enganchado a Europa del Este. Contacto: adrian.rodrigo@hemisferiozero.com