Las preguntas no caducan

Por Paula Vilella*.

Proceso’ por ‘dictadura’, ‘educación’ por ‘apropiación’, ‘trasládese para destino final’ por ‘asesínese y desaparézcase’. Una retahíla de eufemismos que enmascaran doce años de dictadura militar en Uruguay, de torturas, desapariciones forzadas y bebés robados. Según la Comisión para la Paz, 174 personas detenidas desaparecieron en Uruguay durante estos años. 174 historias. 174 familias que esperan respuestas a una pregunta que no caduca.

“Sabíamos que la decisión de olvidar, algo que las víctimas hacen con frecuencia para sobrevivir, no podía ser una decisión de gobierno. En el cono sur, la negación de la justicia vino de la mano de la negación de nuestra propia existencia consciente. El relato histórico inventado por los centros de poder que marginaba al olvido y la desmemoria  años de vida de miles de latinoamericanos fue el complemento indispensable para garantizar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad”, nos cuenta Adriana Cabrera, de la Asociación Hijos de Uruguay.

Marcha en memoria de los desaparecidos durante la Operación Cóndor en Uruguay.

Desde 1973 hasta 1985, la dictadura cívico militar de Juan María Bordaberry siguió la estela marcada por el resto de regímenes de la región. Al año siguiente, la Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva del Estado sentaría las bases para que las heridas no cicatrizaran. A través de ella, se protegía a la policía y al personal militar de ser enjuiciados por torturas, homicidios, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante esos años y daba al presidente la última palabra sobre los casos que podían ser investigados.

El equilibrio entre justicia y reconciliación es frágil, especialmente si se construyen como principios opuestos. Ninguna de las dos consultas populares que se hicieron en 1989 y 2009 pudieron dejarla sin efecto. Tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitaron su anulación por ser incompatible al derecho internacional, pero no fue hasta octubre de 2011 cuando pudo ser derogada. Ese mismo mes se formularon denuncias en nombre de más de 150 supervivientes de la tortura.

El Cóndor que sobrevoló la región

Nada más nacer, la madre de Victoria Grigera se embarcó con ella desde Montevideo a Buenos Aires. Atrás quedaba un padre al que jamás conocería, secuestrado y desaparecido.

Pintada contra la impunidad en Uruguay. Fotografía: Paula Vilella.

En las décadas 70 y 80 no era fácil huir de las dictaduras latinoamericanas. La Operación Cóndor sobrevolaba la región con ojos atentos, escudriñando cualquier opositor o disidente. Las cúpulas de los regímenes dictatoriales de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, y la CIA estadounidense coordinaban esfuerzos, intercambiaban información y se encargaban de las personas de los países aliados para que nadie escapara del nido.

Compartían la misma definición de enemigo dentro de su práctica de terrorismo de Estado: “subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto, o no compatible con las dictaduras militares de la región”. El saldo final, según la ONU, fueron 50.000 personas muertas, 30.000 desaparecidas y 400.000 que cayeron presas de sus garras. Muchos de los niños y niñas nacidos en cautiverio fueron secuestrados y criados por familias afectas a los regímenes.

“Me cuesta vivir sabiendo que hay compañeros que siguen secuestrados en familias que torturaron y asesinaron a sus verdaderas familias. No puedo permanecer neutral ante eso”, asegura Victoria. Hija de militantes montoneros que luchaban por una patria socialista, entiende que el genocidio fue el medio para llegar a un fin: implementar un modelo neoliberal de hambre y exclusión.

Pintada sobre la impunidad en Uruguay. Fotografía: Paula Vilella.

Para ella fue importante escribir sobre su propia historia desde el otro lado del Río de la Plata. Y sobre la de la hija biológica de un apropiador o la de una compañera nacida en cautiverio. Todas ellas se entrecruzan y lo que comenzó como un ejercicio de clase acabó en la gran pantalla dando lugar a “Eva y Lola” (2010), de la que fue coguionista junto a su profesora y directora del filme, Sabrina Farji.

“Es gente que no solo ha torturado y asesinado, sino que ha decidido por la vida, por la identidad de esas personas, que están a su vez teniendo hijos con una identidad falsa. Este tema no pertenece al pasado porque las consecuencias son ahora”, insiste.

“El olvido transmite la trivialización del crimen”

“Una sociedad con desaparecidos se divide entre los militantes de la memoria y los traficantes del olvido”. Marcelo Viñar es psicoanalista y autor junto a su esposa Maren Viñar de Fractura de la memoria. Crónicas para una memoria por venir, sobre las torturas de la dictadura uruguaya.

Coincide con Victoria en que la memoria no es cosa del pasado porque “solo construyendo pasados veraces se puede construir un presente y un futuro”. Marcelo sentencia con contundencia: “El olvido transmite la trivialización del crimen, como si no hubiera pasado. Y en ese silencio el terror retorna”.

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Paula Vilella (en Twitter: @pvilella): Periodista ambulante, trabajando ahora en proyectos de comunicación comunitaria en Uruguay. Especialmente interesada en las migraciones y en las personas que buscan alternativas y se empecinan en mejorar su entorno. Ha publicado en BBC Mundo, EFE, El Mundo y Pikara Magazine, entre otros.


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