El Comité Internacional de la Cruz Roja: la seguridad de sus delegados (III)

Desde principios de la década de los 90 asistimos a un alarmante incremento del número de colaboradores de organizaciones humanitarias que han  sufrido actos de violencia en el desempeño de tareas de socorro a las víctimas de conflictos armados[1]. Como señala Patrick Brugger, “la labor humanitaria, en particular en zonas de conflicto, se ha vuelto más peligrosa, y todas las organizaciones humanitarias se ven afectadas por graves problemas de seguridad que ponen en riesgo a su personal y dificultan la realización de actividades sumamente necesarias para asistir a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia armada colectiva”[2].

En este sentido, el profesor Julio Jorge Urbina señala que dicho fenómeno ha adquirido en la actualidad una nueva dimensión. Por un lado, se ha producido un aumento y diversificación de los actores que intervienen en la ayuda humanitaria. Por otra parte, destaca el carácter deliberado de la mayor parte de los ataques que ha sufrido el personal humanitario para impedir el acceso de la ayuda a las poblaciones civiles y, así, forzar la salida de las organizaciones[3].

Campamento para personas desplazadas de Baidoa (Somalia). Fuente CICR.

Un documento preparatorio del CICR para la primera reunión sobre el DIH del año 1998 ya hablaba de estos problemas que el profesor Urbina apuntaba[4]. En este trabajo se indica que, al modificarse el entorno en el que los agentes humanitarios han de intervenir y, dado el caos imperante en la nueva tipología de conflictos -“siempre que la guerra pasa de mano de los Estados a las de los señores de la guerra se desintegran los rituales de contención propios de la profesión militar”[5]-, el personal humanitario está expuesto, más que nunca, a los riesgos de un bandidaje en aumento, cuya finalidad específica son los bienes administrados por el personal humanitario. Asimismo, la intensidad de los conflictos puede incluso aumentar a causa de la presencia de esos bienes, que pueden reforzar considerablemente a la facción que consiga apropiárselos; esto se debe a la insuficiencia de recursos disponibles en esas situaciones de anarquía.

Respecto al aumento de agentes humanitarios sobre el terreno, el informe se refiere a la confusión originada por la mezcla de objetivos humanitarios y políticos/militares en las intervenciones de la comunidad internacional, cuyas operaciones son “imprecisas y decididas con prisa” y que, además, han dado paso a la presencia de una ingente cantidad de organismos humanitarios, “efímeros y poco estructurados” y cuyos métodos están a menudo mal definidos. Patrick Brugger añade a estas tendencias las diversas consecuencias de la “guerra global contra el terrorismo” y el cambio de identidad y la internacionalización de ciertos grupos armados; el aumento de las guerras asimétricas entre fuerzas armadas muy poderosas y adversarios menos preparados; la regionalización de los conflictos; y la percepción negativa de la acción humanitaria que tienen algunas partes interesadas[6].

Todas estas causas han conducido a que el CICR centre su atención aún más en la protección y seguridad de sus delegados y de las operaciones sobre el terreno, sin perder de vista, en ningún caso, su objetivo primordial, que no es otro que la asistencia a las víctimas y a las personas vulnerables en conflictos. Para ello, su primer enfoque es contactar con todas las partes del conflicto porque, como señala Julio Jorge Urbina, “para conseguir el adecuado respeto de los principios y condiciones que rigen el desarrollo de las operaciones de asistencia humanitaria, es necesario contar con el consentimiento de los contendientes”[7].

Convoy del CICR, que muestra los emblemas de las Organización para garantizar su seguridad. Fuente CICR/M. Ngardobe Nodjingue

Para lograr esto, la organización debe tener en cuenta cómo se la percibe, qué imagen proyecta a través de su labor y cuál es el comportamiento profesional y privado de su personal[8]. Además, hay que tener en cuenta que el CICR ha optado por reconocer la inseguridad al definir sus políticas operacionales. Al fin y al cabo es la naturaleza de su misión, una vez que sus actividades se producen en un contexto bélico. La política del CICR trata de reducir el riesgo al mínimo reconociendo que es imposible erradicarlo. Por tanto, se considera que cierto nivel de riesgo es aceptable sólo si está justificado por los efectos humanitarios de la operación. En definitiva, Patrick Brugger insiste en que el peligro forma parte de la rutina de los delegados de la CR, suele ser una de las características del entorno de trabajo y determina las decisiones operacionales.

Antes de entrar a analizar los siete pilares de la “cultura de la seguridad” del CICR, es necesario realizar una breve aproximación a la protección jurídica del personal de las organizaciones humanitarias. Esta cuestión incumbe tanto al derecho internacional como al derecho interno. Es el DIH el que protege al personal de organizaciones humanitarias desde el momento en que distingue entre combatientes y no combatientes. “Las personas que no participan, o que han dejado de participar activamente en las hostilidades, se benefician de una protección general contra los efectos de las operaciones militares. Así, las personas civiles serán respetadas y protegidas en todas las circunstancias y serán, en todo tiempo, tratadas con humanidad…”[9]. Esta inmunidad general, de la que se beneficia también el personal de las organizaciones humanitarias, se refuerza mediante normas específicas del DIH: algunas se refieren a la protección conferida por el emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja[10], mientras que otras conciernen a la protección del personal que participa en las operaciones de socorro.

Desde los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 se trata de proteger al personal que trabaja en los conflictos (artículos 23, 55 y 59 del IV Convenio de Ginebra; artículo 71 del Protocolo adicional I[11]). Otras medidas jurídicas de protección están determinadas por la Convención sobre seguridad del personal de Naciones Unidas y del personal asociado, así como las diversas resoluciones de la ONU. Este instrumento protege, en primer lugar, al personal directamente contratado por la Organización de las Naciones Unidas y por sus instituciones especializadas. Protege, asimismo, al “personal asociado”, que incluye al asignado por un Gobierno, una organización intergubernamental o no gubernamental.

Señalar que debido a la independencia que el CICR debe mantener con respecto a los otros agentes, sus delegados, que trabajan bajo la protección del emblema de la cruz roja, no están cubiertos, en principio, por la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas, pero sí se benefician, por el contrario, de la protección especial conferida por los Convenios y Protocolos de Ginebra. De hecho y, leyendo a Michael Ignatieff, se aprecia cómo los nuevos riesgos para la seguridad de los delegados del CICR plantean a la organización algunos dilemas relacionados con la neutralidad, ya que el mero hecho de trasladar a los delegados en convoyes de la ONU comprometería su reputación de independencia. En este sentido, la posibilidad de proveer de chalecos salvavidas, cascos Kevlar y blindaje antibalas para los todoterrenos es motivo de debate[12]. Por último, hay que destacar la Convención Internacional para la protección de las Víctimas de la Guerra[13].

Un equipo del CICR y de la Media Luna Roja de Yemen rescató alrededor de 20 cadáveres del sur de Saná después de los fuertes combates, en junio de 2011. Fuente CICR

A modo de resumen, se puede destacar algún fragmento de la declaración final: Exigimos que se lleven a cabo acciones a nivel nacional, zonal e internacional para que el personal que preste asistencia y socorro pueda desempeñar, con toda seguridad, su cometido en favor de las víctimas de un conflicto armado” (Parte I, párr. 7)[14]. En definitiva, se comprueba que el personal de las organizaciones humanitarias está protegido de manera desigual. Las normas de protección están muy dispersadas, lo que puede originar cierta confusión con respecto al alcance exacto de esta protección. Además y como hemos ya señalado, el personal humanitario también está expuesto a riesgos de seguridad en situaciones no cubiertas por el derecho internacional humanitario, tales como los disturbios internos. Sin embargo, es evidente que las mayores amenazas para el personal humanitario son los conflictos armados[15].

Retomando los siete pilares de la “cultura de la seguridad” del CICR, estos son: la aceptación del CICR, identificación, información, normas de seguridad, personalidad de los colaboradores, telecomunicaciones y, finalmente, medidas de protección. Señalar que el primero es específico dela Organización suiza, mientras que los demás se ponen en práctica en la mayoría de las organizaciones y corporaciones multinacionales para proteger a su personal.

El personal que dirige las operaciones sobre el terreno es responsable de la seguridad. Es decir, la delegación goza de gran autonomía dentro de un marco institucional claramente definido que comprende tres elementos: la misión del CICR, sus principios y su concepto de seguridad. En el terreno, cada delegación evalúa su entorno en lo concerniente a seguridad en vista de la situación y sobre la base del marco de referencia de la organización, los “pilares de la seguridad”. En definitiva, la gestión de la seguridad está descentralizada y queda bajo la responsabilidad de la jerarquía operacional en todos sus niveles.

Como conclusión, no hay que dejar de insistir en que el contexto cambiante en el que se producen los conflictos armados ha incrementado la presión sobre la asistencia humanitaria. La necesidad de garantizar las condiciones de seguridad mínimas al personal humanitario es primordial y, según Julio Jorge Urbina, a estos agentes no se les puede desligar tanto de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, como de las normas dirigidas a proteger a la población civil. Puesto que los beligerantes muestran un desprecio absoluto hacia los principios humanitarios y no respetan las acciones de auxilio a las víctimas de los enfrentamientos, es necesario, como insiste Patrick Brugger, revisar el equilibrio entre los efectos de cada operación y los riesgos que entraña.

El CICR ha hecho de la seguridad un factor de consideración permanente en su política operacional; así, se ocupa en todo momento de reducir los riesgos al mínimo, aunque no pueda eliminarlos por completo. No obstante, no sólo hay que tener en cuenta a los beligerantes para analizar la cuestión de la seguridad, también hay que apuntar hacia las entidades que actualmente intervienen en acciones de socorro, ya que éstas deben mantener una actitud responsable hacia los contendientes y víctimas. Es decir, deben de ser capaces de dialogar de forma permanente con los protagonistas del conflicto y, de este modo, eliminar los recelos que pudieran perjudicar a su tarea asistencial. Es necesario, por tanto, garantizar que los principios humanitario, imparcial y no discriminatorio de la ayuda son entendidos.



[1]En un informe conjunto preparado por el Instituto de Desarrollo de Ultramar del Reino Unido y el Centro de Cooperación Internacional dela Universidad de Nueva York se comparan datos sobre la violencia contra trabajadores humanitarios y se analiza de qué modo la observación de un mayor riesgo ha llevado a la adopción de nuevas medidas de seguridad y al diseño de nuevos programas. Desde 1997, el número de acciones violentas (asesinatos, secuestros y ataques armados con consecuencias graves) cometidas contra trabajadores humanitarios se ha multiplicado al menos por cuatro. En total, se denunciaron 792 actos de violencia grave entre 1997 y 2008, en los cuales hubo 1.618 víctimas y 711 personas fallecidas. La violencia es más frecuente en Sudán (Darfur), Afganistán y Somalia, que en conjunto suman más del 60% de los incidentes. Entre los trabajadores humanitarios, la mayoría de las víctimas son elegidas deliberadamente por razones políticas y/o económicas; es decir, no se trata de personas expuestas a la violencia por azar. V. Abby Stoddard, Adele Harmer y Victoria DiDomenico, “Providing Aid in Insecure Environments: 2009 Update”, Grupo de Política Humanitaria, comunicado nº 34, abril de 2009.

[2] BRUGGER, Patrick. “El CICR y la seguridad operacional: seguridad del personal en conflictos armados y situaciones de violencia interna”. Revista Internacional dela Cruz Roja, nº 874, junio 2009.

[3] Urbina, Julio Jorge, “La protección del personal encargado de distribuir la ayuda humanitaria”, en Jorge Pueyo Losa y Julio Jorge Urbina (Coord.), El DIH en una sociedad internacional en transición,

Tórculo Edicións, Santiago de Compostela, 2002 para Cruz Roja, Colección Estudios Internacionales.

[4]“Respeto y protección debidos al personal de organizaciones humanitarias”. Documento preparatorio del Comité Internacional dela Cruz Roja para la primera reunión periódica sobre el derecho internacional humanitario – Ginebra, 19 – 23 de enero de 1998.

[5] IGNATIEFF,  Michael, El honor del guerrero, Ed. Taurus, Madrid, 1999.

[6] Ibid, BRUGGER, Patrick.

[7] Ibid PUEYO LOSA, Jorge y URBINA, Julio Jorge.

[8] Ibid BRUGGER, Patrick.

[9] OTERO SOLANA, Vicente. “La protección de los heridos, enfermos y náufragos, del personal sanitario y religioso, y de los medios auxiliares” en RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, José Luis (Coord.) Derecho Internacional Humanitaria. Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario, Cruz Roja Español. Edita Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

[10] Para una aproximación acertada sobre el debate de los emblemas del CICR véase “El uso del emblema dela Cruz Roja o Media Luna Roja: casos especiales”. Revista Internacional dela Cruz Roja, nº 95, sept-oct 1989.

[11] Para la cuestión formal véase Normas fundamentales de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales. Editado por el CICR, Ginebra, 1983.

[12] Ibid, IGNATIEFF, Michael.

[13] En esta Conferencia, que tuvo lugar en Ginebra del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993, por invitación del Gobierno suizo, los participantes aprobaron por consenso una declaración, en la que denuncian las violaciones del derecho internacional humanitario.

[14] “Declaración final dela Convención Internacional para la protección de las Víctimas dela Guerra”. Revista Internacional dela Cruz Roja, nº 133, enero-febrero 1996.

[15] Tomado de la evaluación de la protección jurídica en “Respeto y protección debidos al personal de organizaciones humanitarias”. Documento preparatorio del Comité Internacional dela Cruz Roja para la primera reunión periódica sobre el derecho internacional humanitario – Ginebra, 19 – 23 de enero de 1998.


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Sobre Adrián Rodrigo

Licenciado en Historia y Periodismo. Ha trabajado en el diario La Razón y en el Observatorio de Medios de Mediapro. En la actualidad, trabaja para la empresa de análisis de medios de comunicación y política Alert Media y colabora con la Revista aauc3m. Devorador de letras contemporáneas, fotogramas clásicos y enganchado a Europa del Este. Contacto: adrian.rodrigo@hemisferiozero.com