La chispa de la vida se paga en Colombia

Coca-Cola, la mayor empresa de venta de refrescos del mundo, ha celebrado su 125º aniversario con un aumento ininterrumpido de las ganancias. Sin embargo, la compañía que se definiera como la chispa de la vida se ha visto envuelta en escándalos que han destapado la infelicidad y el clima de terror en el que viven muchos de sus trabajadores.

Nueve empleados asesinados en Colombia; dos condenas por monopolio en México y múltiples denuncias por contaminación del medio ambiente en India son datos que contrastan con la alegría que pregona el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola. Repartidos por todo el continente americano se encuentran buena parte de los consumidores de la bebida refrescante y quienes la fabrican. Ellos también piden razones para creer en un mundo mejor.

Varios disparos acabaron con la vida de Isidro Gil, un joven de 28 años que trabajaba como de costumbre en la embotelladora Bebidas y Alimentos de Urabá, situada en Carepa, al noroeste de Colombia, cuando un grupo de paramilitares incendiaron la planta el 5 de abril de 1996.

Al día siguiente, varias cartas de dimisión esperaban la firma de los trabajadores antes de las cuatro de la tarde si no querían correr la misma suerte que su compañero Isidro. Estos son los hechos que denuncia Sinaltrainal, un sindicato que agrupa a empleados de la industria alimentaria de Colombia, entre ellos trabajadores de transnacionales como Nestlé o Coca-Cola. Junto a otro sindicato, contrataron los servicios de Daniel Kovalik para recibir asistencia jurídica en “cuatro demandas contra Coca-Cola: Isidro Gil, asesinado en Carepa en 1996; el encarcelamiento ilegal de tres sindicalistas en Bucaramanga en 1996; la detención y tortura de Jorge Humberto Legal en Cúcuta; el intento de asesinato del líder sindical Juan Carlos Galves en Barrancabermeja”, según relata el propio Kovalik. Así comienza la batalla legal en los juzgados de Florida.

Alien Tort Claims Act es el nombre de la ley que permite a tribunales estadounidenses juzgar casos presentados por extranjeros en el supuesto de daños surgidos por la violación de leyes internacionales. A ella se acogieron los empleados de Coca-Cola el 21 de julio de 2001 cuando presentaron una demanda contra la multinacional y varias de sus filiales por el asesinato de Isidro Gil. Mientras Kovalik desgranaba la cronología de dos asesinatos ante la Audiencia del Congreso de Washington, el congresista Dan Burton interrumpió la intervención para preguntarle si admiraba a “gente como el Che Guevara. Tengo aquí una fotografía, supuestamente tomada en su oficina, con un gran poster del Che”. Expuso sus dudas: “¿Ha viajado usted a Cuba y trabajado con personas del gobierno allí?”. Y Kovalik contestó que sí, que admiraba aspectos del Che, aunque no compartiera todas sus opiniones.

Al proceso judicial en Estados Unidos le siguió al mismo tiempo una negociación paralela entre los distintos abogados. La empresa no ha querido discutir el asunto con esta periodista, asegurando que “lamentablemente no podemos comentar al respecto, pues las conversaciones que se mantuvieron con respecto a los asuntos propios de la demanda están cubiertas por un acuerdo de confidencialidad entre las partes”. No obstante, una cámara de televisión siguió los movimientos y reacciones de Kovalik y los empleados durante los varios años que dura el proceso. El proyecto culminaría en el documental The Coca Cola Case (El caso Coca Cola), donde se refleja que la corporación supeditó la entrega de una compensación económica a que los sindicalistas demandantes abandonaran sus empleos. “Nuestros abogados en el proceso se enfocaron específicamente en la defensa de los derechos de los acusados, pero en ningún momento ello interrumpió o afectó la relación laboral entre el embotellador y el sindicato”, defiende Pablo Largacha, portavoz de la sección latinoamericana de Coca-Cola.

Edgar Páez, dirigente del sindicato, reclama que “si nosotros queremos que realmente exista la verdad, Coca-Cola tiene que decir cómo se benefició y cuál fue su participación en el crimen de los compañeros”. Por eso, aseguran los sindicalistas, no aceptaron las compensaciones que Coca-Cola ofrecía por frenar el proceso. Dos años después del comienzo del juicio, el tribunal norteamericano retiró los cargos contra la corporación, pero los mantuvo contra las embotelladoras Bebidas y Alimentos y Panamerican Beverages (Panamco), hasta que finalmente los desestimó en 2006. La sentencia sostenía que Coca-Cola no tenía suficiente control sobre sus embotelladoras en Colombia como para considerarla responsable.

Tiempo después el activista por los derechos laborales y director de la campaña Killer Coke (Coca-Cola asesina), Ray Rogers, pidió la recusación del juez José E. Martínez en todos los casos relacionados con Coca-Cola por un posible conflicto de intereses. El juez Martínez habría participado en una universidad de Florida como comentarista deportivo para la radio y el club Los Huracanes, principal fuente de recaudación de fondos del departamento. Uno de los patrocinadores fundamentales de éste, según Rogers, habría sido Coca-Cola. “Todo lo que hemos conocido sobre las conexiones del juez Martínez con los intereses de la Universidad de Miami, el departamento de deportes subvencionado por Coca-Cola y su antiguo bufete de abogados, denota como poco una aparente falta de decoro, si no directamente parcialidad”.

La politización del conflicto laboral

“Sindicalistas hijueputas”. Así tacharon a varios trabajadores de Coca-Cola afiliados a Sinaltrainal en una carta de 2007 antes de advertirles entre amenazas que “no más bulla” a Coca-Cola, “los desmovilizados no silenciamos las armas”. Esto pone de relieve la relación con individuos que se auto-vinculan a las autodefensas de Colombia, fuerzas paramilitares que en teoría habían desaparecido tras la Ley de Justicia y Paz aprobada en 2005 por el entonces presidente Álvaro Uribe. Dicha ley pretendía desmovilizarlos, aclarar la verdad de sus delitos y juzgar a sus colaboradores.

En cambio, varios años después la organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch considera que “la permisividad para con los líderes paramilitares implicó que no se ejerciera sobre estos suficiente presión como para que devolvieran los bienes ilícitos, revelaran toda la verdad sobre sus cómplices o abandonaran las actividades delictivas”. El portavoz de Coca-Cola en América Latina sostiene que la empresa ha “colaborado con los esfuerzos de la Vicepresidencia de la República en Colombia para investigar de forma rápida y efectiva las violaciones a los derechos humanos denunciadas por los sindicatos”. Amnistía Internacional, por su parte, asegura en un informe sobre el Sindicalismo en Colombia que “con frecuencia se han cometido violaciones de derechos humanos coincidiendo con períodos de conflicto laboral y con los esfuerzos de los miembros de Sinaltrainal por entablar acciones judiciales en Estados Unidos contra plantas embotelladoras operando bajo licencia de Coca Cola instaladas en Colombia por considerar que su personal está implicado en homicidios y otras violaciones de derechos humanos contra sindicalistas cometidos por paramilitares”. El asesinato de Isidro Gil o la violencia cometida contra más de 2.500 sindicalistas en los últimos 25 años no pueden ocultar el contexto de conflicto armado que vive el estado colombiano desde hace décadas. Un grado de impunidad superior al 90%, según se desprende de los informes remitidos por la Fiscalía General de Colombia a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), impide casi siempre establecer a los responsables de amenazas, desapariciones, torturas o asesinatos.

Al alto nivel de impunidad se suma que ciertos juicios se han apoyado en “información falsa, proporcionada por los servicios de inteligencia militar y por informantes pagados”, según Amnistía Internacional, y que coinciden en el tiempo “con amenazas de muerte y homicidios a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares”. Temen que exista una “estrategia coordinada de las fuerzas de seguridad y los paramilitares para menoscabar el trabajo de los sindicalistas”, sostienen desde Amnistía. La Confederación Sindical Internacional aporta más datos: de los 2.557 casos de violencia anti-sindical registrados desde enero de 1986 hasta enero de 2008, “existen sólo 82 sentencias condenatorias”. Amnistía Internacional asegura que “los casos en los que hay indicios claros de la autoría indican que, en 2005, alrededor del 49 por ciento de los abusos contra los derechos humanos sufridos por sindicalistas fueron obra de paramilitares, y el 43 por ciento, de las fuerzas de seguridad directamente”. Respecto a otros grupos armados, “sólo algo más del dos por ciento eran atribuibles a la guerrilla (fundamentalmente a las FARC y el ELN), y sólo algo más del cuatro por ciento se debieron a actos de delincuencia común”, aseveran en la organización.

Fragmento de la demanda interpuesta por Sinaltrainal a Coca-Cola.

La relación entre paramilitares, guerrillas y transnacionales ha quedado de manifiesto con la publicación de documentos internos que revelan los pagos que la bananera Chiquita Brands realizó a grupos armados ilegales en Colombia. Gracias a la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), la Universidad George Washington consiguió la desclasificación de más de 5.500 páginas donde se exponían los intercambios económicos realizados. El mexicano Fernando Aguirre es presidente de Chiquita Brands, a la vez que ejecutivo de Coca-Cola Enterprises, la tercera embotelladora de Coca-Cola en el mundo (ahora Coca-Cola Refreshments USA). Aguirre defiende que se vieron sometidos a presiones y pagaron “para proteger la vida de nuestros empleados”. Ya en 2007 la trasnacional fue sancionada con una multa de 25 millones de dólares a cambio de evitar la inculpación de sus altos cargos.

The Coca Cola Connection

Es habitual la presencia de un mismo ejecutivo en varias empresas, siempre y cuando no afecte a los intereses particulares de la compañía. Por eso, se dan casos como el de Fernando Aguirre en la presidencia de Chiquita y la directiva de Coca-Cola Enterprises. Menos frecuente es hallar en el sistema de Naciones Unidas a un empresario en ejercicio, pero hay ejemplos. Ed Potter combina su labor como representante del sector de empleadores de Estados Unidos ante la OIT con su empleo como jefe de relaciones laborales mundiales de Coca-Cola.

Potter evitó en 2010 que Colombia fuese incluida en una lista de 25 países donde la OIT conduciría operaciones de observación relativas a los derechos laborales, algo que probablemente acelerará el proceso de firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. “Dada la mala publicidad actual de la que goza Coca-Cola por sus prácticas laborales en Colombia, está claro que Potter quería sacar al país de la lista como forma de acallar la continua polémica que se le plantea a Coca-Cola por los problemas laborales allí”, sostiene el director de la campaña Killer Coke.

Precisamente, tras los conflictos surgidos entre sindicalistas y transnacionales, la OIT decidió incrementar sus actividades en el país. Pablo Largacha ha confirmado que Potter formó parte “de una visita de alto nivel de la OIT a Colombia, donde se examinó la situación de violencia anti-sindical y se hicieron recomendaciones al gobierno colombiano sobre las medidas que debería adoptar para garantizar la seguridad de trabajadores sindicalizados y para combatir la impunidad con respecto a dicho flagelo”.

Tras la 95ª Conferencia Internacional del Trabajo, se instauró una presencia permanente de la OIT en Colombia. En su Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, el organismo recogía puntos esenciales en relación con la libertad sindical y derecho de sindicación -los incentivos para favorecer la inversión extranjera no han de incluir limitación a la libertad sindical, el derecho de sindicación ni a la negociación colectiva. El contenido, sin embargo, no es vinculante para las empresas, aunque haya sido aprobado por representantes de los empleadores. Sólo lo sería en tanto que los países donde operan lo incluyeran en su legislación.

Coca-Cola afirma que “la compañía ha utilizado su influencia en la Organización Internacional del Trabajo para cooperar con el gobierno en implementar las acciones necesarias para garantizar la debida protección de los trabajadores sindicalizados”. No ha concretado cuál es su grado de influencia en la OIT para que así sea, pero sí ha propuesto su participación para “fortalecer el sistema judicial a fin de que los responsables de la violencia en contra de los sindicatos sean debidamente aprehendidos y juzgados”. Así, se da la circunstancia de que el organismo internacional cuya misión era investigar y elaborar un informe sobre los supuestos abusos cometidos por Coca-Cola, estaba integrado por un alto ejecutivo de la corporación.

Ed Potter (izquierda), de Coca-Cola, y Ray Rogers (derecha), de Killer Coke.

La conexión entre el sector privado y el público se evidencia también en México. El expresidente Vicente Fox pasó por diversos puestos hasta ocupar la gerencia de la sección latinoamericana de Coca-Cola. Desde que alcanzase la jefatura del estado en 2000, Fox concedió 27 licencias de explotación de recursos hídricos a empresas subsidiarias de Coca-Cola. Asistió, por ejemplo, en noviembre de 2001 a la inauguración de la segunda etapa de la planta de Coca-Cola Femsa en Toluca, cerca de la capital. En México, que supera los 110 millones de habitantes, un ciudadano bebe de media al día más de dos litros de productos de la marca Coca-Cola. Para elaborar las bebidas es indispensable un componente: el agua. Largacha defiende que “toda el agua empleada en la preparación de nuestras bebidas cumple con los más altos estándares internacionales”. En el estado de Chiapas varias organizaciones llevan años denunciando la apropiación de recursos hídricos por parte de la empresa en una zona donde ciertos segmentos de la población, especialmente indígenas, carecen de acceso al agua potable. “Es muy curioso cómo en los lugares más pobres del mundo no hay nada que comer, pero sí hay Coca Cola”, apuntan desde el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC). La compañía no sólo acapara buena parte de los acuíferos del país, sino que se distribuye en la mayoría de tiendas de norte a sur. El CIEPAC denuncia supuestas campañas desleales por sus prácticas monopolísticas.

Las rivales Big Cola o PepsiCo acusaron a Coca-Cola de competencia desleal. De hecho, en 2007 se le impuso a la compañía una multa de 10,5 millones de pesos mexicanos por intentar imponer cláusulas de exclusividad a sus clientes. Después de todo, las operaciones de la trasnacional no han salido mal. Sólo en 2010 ha tenido unos ingresos netos mil veces superiores a dicha sanción. Y mientras se augura más expansión con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia o el ya existente con México, la responsabilidad social se diluye en una telaraña de subcontratas o el horror de un conflicto armado. Sabemos cuánto cuesta una lata de Coca-Cola, pero estaría bien conocer el precio de la impunidad.


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Sobre Gloria Moronta

Licenciada en traducción e interpretación y especialista en información internacional. Curiosa y caminante. El Salvador me enganchó a la querida América. Contacto: gloria.moronta@hemisferiozero.com